El abuso sexual es considerado una forma extrema de violencia hacia mujeres, niños, niñas y adolescentes. La violencia sexual es cualquier actividad o contacto sexual que ocurre sin consentimiento. Puede involucrar fuerza física o amenaza. Durante el año pasado, en las 12 Unidades Judiciales que funcionan en Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú se registraron 340 denuncias por delitos contra la integridad sexual.

De acuerdo con estadísticas judiciales a las que El Ancasti tuvo acceso, durante el año pasado se asentaron 229 denuncias por “abuso sexual”, 34 hechos de “acoso sexual”, 27 denuncias por “exhibiciones obscenas” y 47 denuncias más por otros delitos relacionados con esta problemática.

La Unidad Judicial Especializada en Violencia Familiar y de Género registró el mayor caudal, con 48 denuncias. En la Unidad Judicial 10 de Valle Viejo se hicieron 31 denuncias. 

Especialistas en esta temática indican que la violencia sexual ocurre con más frecuencia en las mujeres. Sin embargo, la violencia sexual no se limita a la violación. En muchos casos, el abusador es alguien que la víctima conoce. Puede ser un amigo, un compañero de trabajo, un vecino, la pareja o un integrante de la familia. Sea quien fuera, se trata de una persona con una posición de autoridad o influencia en la vida de la víctima.

Los actos de violencia sexual pueden ocurrir porque la víctima no puede consentirlos debido al consumo de alcohol o drogas. El consumo de alcohol o drogas puede ser voluntario o involuntario. Independientemente de ello, no es culpa de la víctima. Además, se indicó que una persona no puede dar su consentimiento si tiene menos de 13 años, tiene una discapacidad, está dormida o inconsciente o está muy intoxicada. 

En ocasiones, el abusador se vale de la manipulación, las amenazas, el chantaje o la presión como así también del uso indebido de la autoridad o la influencia para lograr su cometido.

En aumento
El acoso sexual en el ámbito del trabajo y en instituciones educativas es una de las manifestaciones de la violencia de género de mayor crecimiento en los últimos años, se advirtió. Esta conducta no sólo resulta violatoria del derecho al trabajo sino del derecho a la salud, a la seguridad, a la dignidad de la persona humana, como también al pleno goce y ejercicio de los derechos humanos y a la efectiva participación de las mujeres principalmente, en todos los ámbitos de la sociedad en condiciones de igualdad.

Justamente esa igualdad de oportunidades que resulta palpable entre varones y mujeres en el ámbito laboral se encuentra verdaderamente cuestionada a raíz de las numerosas y progresivas situaciones de acoso sexual que afectan a las mujeres.

¿Qué hacer?
Ante un hecho de violencia sexual se debe realizar la denuncia. Para ello, se puede dirigir a las Unidades Judiciales que funcionan en Capital, Valle Viejo y en Fray Mamerto Esquiú, en la Fiscalía General –ubicada en Junín al 600- y, en el interior, en las comisarías. 

Si se sospecha que un niño, niña o adolescente es víctima de un posible abuso, cualquier persona puede y debe realizar la denuncia. Para ello, puede llamar a la Línea 102 de Ayuda a chicos en situación de riesgo. Si bien el abuso sexual en la infancia (ASI) es considerado de instancia privada, es a la vez de acción pública.

En todos los casos, es importante crear espacios de escucha para que las víctimas y sobrevivientes de abuso puedan contar por lo que atravesaron y, así, animarse a denunciar. 

Si el chico o la chica cuenta algo (se estima que solo el 20% logra manifestarlo verbalmente) no se lo debe interrogar. Sí se debe procurar obtener la información mínima sobre el hecho que permita determinar qué pasó, cuándo, dónde y quién lo hizo, para saber cómo actuar en lo inmediato. Es importante no tratar de calmar la propia curiosidad o angustia sino habilitar un canal de comunicación. Si el niño, niña o adolescente no puede contar nada o si se repliega más, no hay que insistir con preguntas. Es importante que le transmita confianza.

Abusos de poder

Enrique Aybar. En agosto del año pasado, la Cámara Penal de Tercera Nominación halló culpable a Enrique Aybar, por entonces intendente de Puerta de Corral Quemado, Belén, del delito de “abuso sexual simple agravado por ser responsable de la guarda”. En consecuencia, condenado a la pena de seis años de prisión. Mantuvo la libertad hasta diciembre, cuando la Corte de Justicia ordenó la inmediata detención.
La denuncia se asentó en abril de 2013. Pese a ello, Aybar fue reelecto en dos oportunidades.

Juan de Dios Gutiérrez. El 30 de abril, los jueces de la Cámara Penal de Tercera Nominación condenaron de manera unánime al excura Juan de Dios Gutiérrez a la pena de 12 años de prisión tras haberlo encontrado culpable del delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser ministro de un culto religioso". Fue denunciado en octubre de 2015 en Belén. 

Sotanas acusadas. En marzo de 2009 el presbítero Renato Rasguido asumía como párroco de Andalgalá. Cinco años después una mujer lo denunció por reiterados abusos sexuales en contra de su hijo adolescente, quien lo ayudaba en las tareas eclesiásticas. Aún no es juzgado. Moisés Pachado fue el último religioso en ser acusado, en diciembre de 2018, por "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el autor ministro de un culto religioso" y "abuso sexual simple agravado por ser el autor ministro de un culto".

Daniel Zelaya. En marzo del año pasado, en la Justicia de Tucumán, una mujer denunció que fue abusada sexualmente cuando era niña por Daniel Gustavo Zelaya (40), actual presidente del Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Capital.