En el marco de la causa en la que se investiga la participación de exfuncionarios nacionales en el acuerdo de integración del proyecto Minera Agua Rica-Alumbrera, la Sala nº1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal rechazó el sobreseimiento de los ocho involucrados y recomendó a la jueza María Servini que profundice en la recolección de prueba documental. El proyecto avanza y esta semana tuvo el cierre de la consulta pública en Andalgalá.

La medida alcanza al expresidente de YMAD, Luis de Miguel, los exdirectores de YMAD por Catamarca, Ángel Mercado y Daniel Barros; los directores por la Universidad de Tucumán, Domingo Mario Marchese y Alfredo Grau; el exfuncionario de la Secretaría de Minería, Eduardo Bautto, y los exrepresentantes de la Sindicatura General de la Nación, Irma Miranda e Ignacio Díaz Zavala, que habían sido desligados de la causa en septiembre de 2022.

Este expediente nació en 2019 a instancia de vecinos ambientalistas de Andalgalá, en contra del acuerdo que permitió el surgimiento del proyecto integrado MARA. Los involucrados son aquellos funcionarios que participaron de la firma del acuerdo, y la denuncia cuestiona que se habilitaron actividades de exploración y explotación minera en infracción de la Ley de Glaciares.

La causa quedó en manos de la jueza María Servini, quien dijo que Agua Rica no estaba en zona de glaciares y ordenó los sobreseimientos, pero esto fue cuestionado por el fiscal Guillermo Marijuan. Ya por entonces solicitó que se incluya en la causa el estado de los expedientes vinculados a MARA que hay en Catamarca. La Sala nº1 de la Cámara Federal confirmó los sobreseimientos, porque consideró que no se habían brindado suficientes argumentos que permitan alcanzar el grado de certeza negativa exigido", ni se había agotado la investigación para la adopción que permita arribar a una decisión definitiva.

Luego se sumaron al expediente el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y la abogada y dirigente de izquierda, Myriam Bregman, bajo la figura de "amigo del Tribunal" y el caso se reactivó. Así lograron que vuelva a intervenir la Sala nº 1 de la Cámara y se ordenó que se dicte un nuevo fallo.

El Tribunal que conforman Pablo Daniel Bertuzzi, Leopoldo Oscar Bruglia y Mariano Llorens encomendó a la jueza María Servini que avance sobre el registro de nuevas pruebas que fueron solicitadas oportunamente por el Ministerio Público: le pidieron que determine fehacientemente si los imputados, al tiempo de firmarse las actas cuestionadas, tenían a su disposición informes emitidos por entidades oficiales que dieran cuenta de la presencia de glaciares y ambiente periglacial en el cordón montañoso de los Nevados de Aconquija que debían ser preservados conforme lo dispuesto por la Ley Nacional de Glaciares; que solicite la certificación del estado actual de los procesos que se encuentran en trámite ante la Justicia Provincial de Catamarca y que se encuentran vinculados a la causa; que ordene la recolección de otra prueba documental distinta a la ya existente en el expediente; y que llame a prestar declaración testimonial de determinadas personas que fueron ofrecidas en la causa y que "podrían arrojar luz sobre la ocurrencia de tales sucesos".

La decisión de la Justicia fue celebrada por los ambientalistas, que recordaron que "el aval para la creación de MARA fue otorgado por los imputados pese a que un informe del IANIGLIA había confirmado la existencia de glaciares y ambiente periglacial en la zona que la empresa pretende explotar". "Los funcionarios avalaron una empresa y un proyecto ilegal y eso los vuelve cómplices", reclamaron.

La semana pasada se realizó la charla técnica informativa en la ciudad de Andalgalá con la que culminó el proceso de consulta sobre el proyecto Minera Agua Rica-Alumbrera, que inició el 28 de febrero.