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16 de marzo de 2023

Brandán se declaró inocente, pero la Fiscalía pidió 12 años para él y siete para Doro

El Ministerio Público Fiscal mantuvo las acusaciones contra ambos. En la acción civil, Fiscalía de Estado reclamó un daño al erario público por $79 millones. El juicio sigue hoy.

Apenas inició la jornada de alegatos en el marco del debate oral por las compras directas, el exsubsecretario de Acción Social pidió declarar ante los magistrados, pero decidió no responder preguntas. “Soy inocente. No me llevé ni un centavo, ni un cemento ni para mí ni para beneficiar a nadie”.

En su alocución, Brandán expresó que quería contar su versión porque tenía confianza en el tribunal. En este sentido, recordó el contexto social y económico que se vivía en 2002, tras la salida del expresidente Fernando de La Rúa. Rememoró que fue el exgobernador Oscar Castillo, quien le ofreció que asumiera en Acción Social. “Me vio como la persona indicada, era un área muy sensible y yo venía con la experiencia de dirigente gremial de la UOCRA”, dijo.

Recordó que en aquel momento de crisis económica, el único plan social que existía era el de jefes y jefas de Hogar. “En esos días había piquetes por todos lados, si ustedes se acuerdan cortaban en todos lados y los fiscales no hacían nada. Eran piquetes organizados porque sabían dónde estaba la asistencia y cuando llegaba”. “Mi intención era que Acción Social sea para los más necesitados”, dijo al señalar que no había control hasta que llegó a la gestión e implementó un sistema informático para lograr ordenar la asistencia. “No había nada y se vivía situaciones de extrema pobreza”. “Así como entré salí de la gestión, con el mismo auto que tenía. Me han investigado de todos lados, mi familia lleva años sufriendo por esta situación”.

“Nunca pedí fotocopias a nadie, no conozco a la gente que dijo que le pidieron documentación para darles un subsidio. No alcancé a conocer a ningún proveedor. Solo firmaba expedientes en los que la gente pedía ayuda. Esa era mi función”, dijo. “Se me acusa de tener vínculos con las empresas. Mentira. Trabajé con los proveedores que estaban de antes”, manifestó y reiteró: “Soy inocente”.

Por último, agradeció la oportunidad para contar su verdad y dijo que no respondería preguntas, sino que ratificaba la declaración que había realizado durante la instrucción.

Pedido de penas

El Ministerio Público Fiscal mantuvo la acusación contra Brandán y Doro por todos los hechos por los que llegaron imputados al juicio: pidieron que ambos sean condenados por fraude en perjuicio a la Administración Pública por administración infiel en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Para Doro pidieron siete años de prisión por dos hechos en calidad de autor y cinco hechos en calidad de partícipe necesario; mientras que para Brandán solicitaron 12 años por dos hechos en calidad de coautor y diez hechos en calidad de autor. Para Omar Guillermo Martínez, exencargado de Depósitos y Carlina Zurita de Valles, exjefa de la División de Licitaciones y Compras, el MPF pidió la absolución por el beneficio de la duda. A estos requerimientos se sumó la Fiscalía de Estado. Por su parte, las defensas de todos los imputados pidieron la absolución.

El fiscal de Cámara, Miguel Mauvecín, pidió en los alegatos que se contemplen como agravantes la reiteración de la maniobra, los medios empleados y el daño causado al erario público. “Se reiteraban maniobras irregularidades en el Ministerio. Se pudieron probar claramente 12 hechos, pero existieron muchos otros que se probaron a medias y que no fueron incluidos en esta etapa. Además, Doro y Brandán revestían la calidad de ministro y subsecretario, por lo que se valieron del poder que tenían para llevar adelante las maniobras fraudulentas, colaborándose entre ellos”, argumentó.

Además, para Mauvecín está acreditado el daño al Estado en “más de un millón de pesos”. “Este perjuicio fue causado por la ambición desmedida de enriquecerse y enriquecer a terceros. Digo desmedida porque ninguno de los dos tiene problemas o imposibilidades para ganarse el sustento de manera honrada. Doro es médico, Brandán tiene una amplia carrera gremial. Son personas instruidas”, agregó.

Mauvecín enumeró los hechos y advirtió que "las empresas Farmacat, Drio y La Dorada se quedaron entre las tres con más de 870 contrataciones en apenas meses. Si hubiera sido en un año, incluyendo sábados y domingos aún sería mucho, pero fue en menos de un año. Había una corrupción generalizada. Solamente Farmacat tuvo 540 contrataciones en muy pocos meses. Fue morboso y hasta obsceno”, replicó.

Por otra parte, pidió que se contemplen como atenuantes que ninguno de los imputados cuenta con antecedentes y destacó que “se sometieron al proceso, siempre comparecieron ante la Justicia y no entorpecieron la investigación”.

Para el fiscal coadyuvante, Facundo Barros Jorrat, destacó el “momento histórico” del juicio, que “sirvió para poner luz sobre maniobras que lesionaron la fe del pueblo de Catamarca”. “Vulneraron el correcto funcionamiento de la Administración Pública y perjudicaron a todos los catamarqueños, haciendo de la excepción una regla. Las contrataciones directas eran excepciones y se usaron para provocar un daño al patrimonio público de 369.549 dólares de aquél momento. Hoy estaríamos hablando de 140 millones de pesos”, explicó.

En este sentido, consideró que los acusados “privaron a la Administración Pública de darle cobijo a los enfermos, darles calor en el invierno, de cubrir la necesidad básica de no tener hambre e incluso jugaron con la ilusión de los niños”, expresó.

La Fiscalía de Estado, que adhirió a todos los pedidos del MPF, destacó que en las audiencias “hemos notado que se ha pergeñado un descalabro”. “Consideramos que hubo un festival de armado de expedientes, con pedidos falsos, sin intervención del servicio administrativo financiero, con registros de órdenes de compra que no se condicen con la entrega y pago de los bienes supuestamente entregados”, señaló Mauricio Fuenzalida, representante de la querella.

Para las defensas, no se pudo probar ninguno de los 12 hechos

Los abogados defensores Pedro Vélez (representante de Brandán) y Carlos Rosales Vera (de Doro) aseguraron que en las distintas audiencias del juicio “no se pudo probar ninguno de los hechos ni la participación de los imputados”. “Tuvimos 42 testigos y ninguno aportó nada”, criticó Rosales Vera. “No hubo voluntad de investigar”, reclamó Vélez.

Vélez rechazó de plano la acción civil presentada por Fiscalía de Estado, al considerarla “insólita”. “Creo que son fuegos artificiales para la prensa. No se está buscando justicia, sino el escarnio público de los imputados”, reclamó.

“Tengo que hablar de la labor del MPF en 19 años. Es una causa de bases nulas. Para empezar, se habla de un enriquecimiento propio y de terceros, y nunca se imputó a los supuestos terceros que se habrían beneficiado. La Fiscalía nunca imputó ni citó como testigo a ningún empresario. Si hubo un descalabro e inacción es en el MPF. Hubo hasta vagancia. No está acreditada la existencia de los hechos. No se acusa a nadie más que a Brandán y Doro, que al parecer habrían actuado en soledad”, apuntó.

Sobre los supuestos remitos falsos y notas de subsidios falseadas, Vélez remarcó que "no se hicieron ni siquiera pericias caligráficas". "La Fiscalía no se tomó el trabajo de hacerlo. Incurrieron en un razonamiento errado para no trabajar. Lo único acreditado es la negligencia del MPF, ausencia de vocación por investigar la realidad y ausencia de vocación de bregar por una sentencia justa”, apuntó el abogado.

Por su parte, Rosales Vera le cuestionó al MPF que fueron “muy duros” con los imputados y que “solo les faltó tratarlos de reos”. “Se les debe el respeto de 19 años de tenerlos en esta situación. Acá hubo un primer engaño en la prensa. Luego en la denuncia de Fidel Sáenz, que era diputado y estaba interesado políticamente. Tuvimos que verlo al cararrota mentir descaradamente, iniciando en una fantasía enorme, diciendo que el entonces gobernador Oscar Castillo empezó esto con su gabinete”, apuntó.

Rosales Vera también fue crítico del accionar del Ministerio Público y de Fiscalía de Estado y, argumentó gran parte de sus alegatos basados en una resolución del Tribunal de Cuentas del año 2013 que eximió de responsabilidad penal a los cuatro acusados que estaban en el banquillo. “No pudieron probar absolutamente nada. Hay un desconocimiento absoluto del derecho administrativo. No pueden ni diferenciar una compra directa de una compra directa por significación económica”, reclamó el letrado.

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