Desde 2020 son ocho las empresas que fueron denunciadas ante la Justicia en la provincia por supuestas estafas piramidales con sus clientes. Según la información a la que pudo acceder El Ancasti, seis de esas causas son investigadas por el Juzgado Federal local.

Intense Live, en el 2020, fue la primera empresa que estuvo en la mira de la Justicia tras la alarma dada por un concejal de San José, en el departamento Santa María. Ese mismo año la Fiscalía Federal abrió una investigación de oficio contra Adhemar Capital, la firma de Edgar Bacchiani, que a partir de marzo de este año comenzó a ser blanco de denuncias penales al igual que RT Inversiones, Generación Zoe y otras firmas que actualmente se encuentran la mira de la Justicia.

Adhemar Capital

La causa tiene a nueve imputados, el CEO Edgar Adhemar Bacchiani; sus socios José Blas y Franco Alexis Sarroca; la gerente de la sucursal Tucumán, Sofía Esther Aylan; su expareja Zaraive Celeste Garcé Ruso y los asesores de ventas Rodolfo Sagripanti, Pablo Sosa y los tucumanos María Lihue Banegas y Lucas Barrera Oro. También fue imputado el "pocero" Pablo Olmi. Los cuatro primeros están con prisión domiciliaria, los demás nunca estuvieron detenidos.

Bacchiani ofreció realizar un plan de pago y se le concedió la prisión domiciliaria por 72 horas. El viernes se conoció que se visualizaron fondos en sus cuentas. Le prorrogaron la prisión domiciliaria por 72 horas más para que consiga desbloquear las cuentas y comenzar con las devoluciones de capital.

RT Inversiones SRL

En abril comenzaron las denuncias contra la firma ubicada en Rivadavia al 500. La escena cotidiana era de largas filas de clientes que reclamaban el pago de sus intereses. Los ahorristas se agruparon e hicieron las presentaciones judiciales.

El juez federal Miguel Ángel Contreras se inhibió en la causa por amistad con el dueño de la firma, Edgardo Edmundo Bulacio. Fue subrogado por el juez santiagueño Sebastián Argibay, quien el miércoles ordenó la detención de Bulacio, su esposa Alicia Estela Nieva, Edgardo Federico Bulacio, Ariel Vergara, Matías Exequiel Rolón Reynoso y Carolina Bonfanti. Tras las indagatorias ordenó las detenciones del fundador de RT Inversiones, Miguel de la Orden y su hermano José. Este último y Bonfanti fueron beneficiados con la prisión domiciliaria. Miguel de la Orden se encuentra internado en un sanatorio privado y la defensa solicitará que pueda seguir detenido pero en su casa.

A diferencia de lo ocurrido con Adhemar Capital, los acusados no ofrecieron un plan de pago.

Stratton Sierra

A fines de abril comenzaron los reclamos de los ahorristas de la empresa que pertenece a José Sierra y que funciona en 9 de Julio al 1100.

Posteriormente se reunieron y realizaron denuncias penales en el Juzgado Federal. Se estima que la empresa tiene al menos treinta denuncias en su contra.

El viernes Gendarmería Nacional allanó la oficina y secuestró dinero y dispositivos electrónicos. Sus socios fueron notificados del procedimiento y no se les ordenó ninguna medida restrictiva de la libertad.

Callvu

Cristian Rojo, su dueño, fue imputado el 18 de abril y tras el cumplimiento de una caución recuperó la libertad. El viernes último el abogado de uno de los clientes pidió la detención porque podría entorpecer la causa.

Beta Bank

El sábado la Policía Federal allanó la oficina de calle Sarmiento al 1100 y los domicilios de los socios de apellido Cabello, Casado Tolosa y Carrizo. Esta semana serán indagados.

Inchausti

La financiera funcionaba en su domicilio, en la zona Oeste. El sábado fue allanado y esta semana será indagado su propietario.

Generación Zoe

Hubo denuncias en la Fiscalía General que declinó competencia. La causa fue al Juzgado Federal, que giró el expediente para que sea investigado en Buenos Aires.

Intense live

Fue la primera financiera investigada en la provincia. En 2020 el concejal de San José (Santa María) Gastón Monasterio alertó sobre una presunta estafa piramidal llevada a cabo por la empresa. En mayo del 2021 se hicieron allanamientos y secuestraron vehículos. La medida fue solicitada por la Fiscalía de la localidad que luego declinó competencia y el expediente pasó al Juzgado Federal. La causa fue enviada para que se investigue en Buenos Aires.