Bacchiani, Blas y Sarroca quedaron alojados en calabozos separados y con fuerte custodia en las instalaciones de la Policía Federal de Catamarca.

Se prevé que los cuatro comiencen a ser indagados a partir del lunes.

La detención del "trader de criptoactivos" que se promocionaba como exitoso inversor y generador de utilidades millonarias, abre un nuevo capítulo en una causa penal que se abrió en el 2020 en la Fiscalía Federal de Primera Instancia.

En enero, el Banco Central le ordenó - previo pedido de los gobernadores Raúl Jalil y Ricardo Quintela (La Rioja) - a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que investigara a Adhemar Capital por presuntas estafas bajo el esquema Ponzi.

Luego fue la Comisión Nacional de Valores (CNV) que intimó a Bacchiani para que dejara de operar.

Esto trajo como primera consecuencia las largas filas de clientes que diariamente esperaban ser atendidos en la oficina de calle Intendente Medina. Ante el incumplimiento de lo acordado comenzaron a llover las denuncias en la Justicia Federal y también en el fuero comercial.

Esta semana hubo fuertes protestas con aplausos, gritos, amenazas, pintadas y escraches en los domicilios de Bacchiani, de su expareja Celeste Zaraive Garce Ruso, y de uno de sus gerentes, José Blas, quien debió ocultarse en instalaciones de Criminalística por temor a represalias por parte de acreedores.

Las protestas fueron creciendo el martes a la noche y el miércoles. El jueves a la noche la detención era inminente porque los fiscales federales y el abogado tucumano Alfredo Aydar habían solicitado la captura por la existencia de riesgos procesales. A la virulencia de las manifestaciones se sumó la sorpresiva y internación de Bacchiani (duró pocas horas) en un sanatorio privado, que despertó sospechas sobre posibles maniobras para evitar el cerco judicial.

El jueves a la noche arreciaron las protestas con insultos, amenazas de muerte reclamos en domicilios de los detenidos, que contaban con consignas policiales desde días anteriores.

Finalmente, en la mañana de ayer personal de Gendarmería Nacional detuvo a Bacchiani en su domicilio de calle Saint Clair y a pocas cuadras del lugar, también en su casa, a José Blas.

Las instancias de las detenciones –cubiertas en vivo por El Ancasti TV-, fueron vistas y comentadas masivamente a través de las redes sociales y en la edición digital del multimedio.

Bacchiani y Blas evitaron que las cámaras registren sus puños esposados, ocultándolos con prendas de vestir.

Durante el procedimiento en la casa de Blas –donde un acreedor escribió “ladrón” en un muro perimetral-, dos albañiles que realizaban tareas de construcción observaron con inocultable desconcierto la detención mientras continuaban con su labor.

En simultáneo, Sarroca también era detenido y al igual que Bacchiani y Blas era alojado en los calabozos de la Policía Federal.

Paralelamente, se diligenciaba la detención de Sofía Esther Aylan, gerente de la sucursal Tucumán, quien fue detenida en esa provincia, pero luego se le concedió prisión domiciliaria. Es inminente su traslado a Catamarca para ser indagada.

El oficio

En el oficio que ordena la detención de Bacchiani y sus laderos, emitido ayer y al que este diario pudo acceder, los fiscales federales en coincidencia con el abogado tucumano, solicitaron la detención domiciliaria de los nueve imputados en la causa.

No obstante, el juez Contreras ordenó ayer a la mañana la “inmediata detención de Edgar Bacchiani, Sofía Esther Aylan, José Armando Blas, Franco Alexis Sarroca". Contreras no hizo lugar al pedido de prisión domiciliaria por falta de causas que justifiquen ese beneficio y en su lugar ordenó que sean alojados en calabozos de la Policía Federal.

El juez fundamentó la medida por "la existencia de nuevos hechos que hacen variar las medidas cautelares adoptadas, ya que la amenaza de grave riesgo a la integridad física de varios de los imputados, conforme los hechos violentos acontecidos, permiten inferir el aumento de peligro de fuga de los mismos ante la sensación inminente de sufrir en su persona o familia un grave daño a la integridad física por lo que podrían analizar huir de la jurisdicción y obstaculizar la normal actuación.

El magistrado señaló que se incorporó un informe de la Unidad de Información Financiera del cual se desprenderían importantes indicios de la presunta actividad ilícita desplegada por los imputados…”.

Finalmente, dispuso que los imputados Sacripanti Orellana, Antonio Sosa, Bernando Barrera y María Lihue Banegas sean indagados el jueves 28 de abril.

No pagó la caución en Córdoba

Adhemar Bacchiani cuenta con denuncias penales en las provincias de Córdoba, Tucumán y Catamarca.

En Córdoba, la fiscal de Delitos Complejos del 2° Turno de Córdoba, Valeria Rissi, imputó en marzo a Bacchiani por "estafas reiteradas" y le impuso una caución real de $40 millones para el mantenimiento de su libertad. Pidió una prórroga, pero el trader no la presentó por lo que el martes ordenó su detención.

Este pedido recién llegó a la Justicia provincial ayer a la mañana y llevó la firma del juez de Control de Garantías Héctor Maidana - subrogante del Juzgado N° 4. Cuando Policías de Córdoba fueron hasta el domicilio de Bacchiani este ya había sido detenido.

Competencia

La Justicia Federal tucumana había declinado la competencia en la pesquisa tras un pedido efectuado por el juez Miguel Ángel Contreras luego de un dictamen emitido por los fiscales federales Santos Reynoso y Rafael Vehils Ruiz, que sugerían esa medida. Acto seguido, el cúmulo de denuncias realizados en suelo tucumano fueron giradas a esta provincia. No ocurrió así con la causa en Córdoba, ya que el expediente es investigado por la Justicia Provincial por lo que la cuestión de la competencia deberá dirimirse en la Corte Suprema de Justicia, en Buenos Aires.