Una joven de 27 años, que cursa un embarazo de ocho meses, fue sobreseída en una causa por narcotráfico por el Juzgado Federal en un fallo en el que se aplicó perspectiva de género ya que se consideró la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba y que fue aprovechada por una organización criminal para reclutarla.

El juez Federal, Miguel Ángel Contreras, dispuso el sobreseimiento de MRS - así será identificada - y dictó el procesamiento con prisión preventiva para dos sujetos de nacionalidad boliviana de apellidos Terceros Soliz y Soto Serrano, quienes están acusados de "transporte de estupefacientes" tras el secuestro de aproximadamente tres kilos de cocaína.

El procedimiento en el que había sido detenida MRS ocurrió el 29 de septiembre en la ruta nacional 38, en La Merced, en donde Gendarmería Nacional controló un colectivo que provenía de Orán y se dirigía a Mendoza. Junto a sus compatriotas habían sido contratados para ingresar cocaína. Los hombres habían ingerido las cápsulas, en tanto que ella llevaba la cocaína en su cartera aunque aseguró que nunca le habían dicho que era droga lo que debía llevar hasta Mendoza.

La joven fue llevada hasta la Maternidad Provincial debido a la avanzado de su embarazo y en ese centro de salud fue entrevistada por un equipo de la Secretaría de las Mujeres, Género y Diversidad, encabezado por María Carrizo, la trabajadora social Florencia Altamiranda y la abogada Ana Laura Herrera. MRS les relató que había dejado a su hija de 2 años en su país natal, al cuidado de una vecina. Contó que la niña padece una cardiopatía congénita y que tiempo atrás había fallecido otra hija de 16 meses por padecer la misma patología.

Acuciada por la situación de extrema pobreza y sin la posibilidad de conseguir un trabajo conoce a través de una amiga a una mujer que le iba a dar trabajo. Esta persona es la que le promete trabajo y le explica que debía llevar una sustancia que era como "bico" (por el bicarbonato). Al llegar a Mendoza le pagarían 1.000 dólares.

La Secretaría efectuó un informe que fue presentado al juez Contreras, en el que se concluyó que "la justicia debe considerar a MRS y a su hija, dentro del contexto de extrema vulnerabilidad social y económica, que no le ha permitido buscar otra opción, y solo se la mira como probable autora de un delito".

Este informe fue considerado por Contreras, quien entendió que "es aquí, donde las perspectiva de género y vulnerabilidad, en relación a la traída a proceso, cobra real importancia, dado que nos encontramos frente a una mujer, de nacionalidad boliviana, que no conoce este país, que se encuentra embarazada, que revela situaciones de vida que la colocan en una situación de vulnerabilidad extrema, que la hace encajar de manera perfecta en el molde que la organización criminal que la utilizó requiere, reclutándola con engaños bajo la promesa que tendrá de un futuro mejor".

Contreras entendió que el hecho por el que había sido acusada "fue un camino irremediable por su situación vulnerable dado la exclusión de todo tipo de oportunidades, con la sola finalidad en este caso, de la protección de su vida y propia subsistencia".
Tras el sobreseimiento dictado por el juez Federal, se confirmó que hoy la joven viajará de regreso a Bolivia para reencontrarse con su hija.

"No es un caso aislado"

"El caso de MRS no es un caso aislado sino es un caso habitual, no solo de narcotráfico sino también de la violencia institucional en la llamada "guerra contra las drogas", que, como bien sabemos, cuando se usan términos bélicos se termina haciendo el foco en perejiles o personas, en la mayoría de los casos mujeres, en condiciones múltiples de vulnerabilidad, explotadas en la cadena del delito y muy rara vez atrapando a los delincuentes. 

Es necesario cambiar esta perspectiva violenta e hipócrita que por un lado termina criminalizando a la pobreza o a los usuarios y adictos,  por una perspectiva  de protección ante estos hechos", expresó María Carrizo.