La precandidata a diputada nacional de la lista "Adelante Catamarca" de Juntos por el Cambio, Patricia Breppe, volvió a cuestionar el veto a la ley del "inciso Aybar", aseguró que el principio de inocencia en el que se excusó el Gobierno "compite con otros igual de importantes" y consideró que "la impunidad no puede tener más lugar en la vida democrática".

La decana de la Facultad de Humanidades defendió la modificación de la ley orgánica de municipios y aseguró que el Poder

Legislativo "sancionó una ley que venía a cubrir un vacío en la legislación municipal". "De esta manera, se daba una señal clara y contundente a la sociedad para recuperar la confianza en la política y robustecer el pacto Estado-sociedad. Ningún funcionario municipal puede aprovecharse de su circunstancial cargo público para cometer delitos dolosos, más aún cuando se refieren a hechos contra la integridad de las mujeres", expresó.

En esa línea, cuestionó los argumentos vertidos por el Ejecutivo para vetar la nueva norma. "La ley vetada se entendía como una medida de carácter cautelar ante una sentencia condenatoria. Y no hay que olvidar que el principio de inocencia compite con otros principios constitucionales igual de importantes, como el derecho de las mujeres a la integridad y una vida libre de violencia", remarcó.

Breppe enfatizó en que el Estado "tiene la obligación de impedir que funcionarios que no tengan estatura moral sigan en sus cargos".

"Por lo tanto, debe generar las herramientas necesarias para que los autores de hechos aberrantes no puedan continuar ejerciendo un poder desde el que continúan vulnerando los derechos y la dignidad de sus propias víctimas", insistió la precandidata.

Fue así que consideró "imprescindible que el Estado contenga a los sectores más vulnerados en sus derechos y castigue a los que delinquen". "Impedir que los violentos ejerzan cargos públicos forma también parte de esa estrategia de protección. La impunidad no puede tener más lugar en la vida democrática de los argentinos y los catamarqueños", opinó. 

Guerrero instó a "acelerar" el sistema judicial

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, consideró que la polémica por el "inciso Aybar" se podría solucionar "si la Justicia actuara con mayor celeridad" e instó a los legisladores a trabajar en ese sentido. Además, evitó confrontar con el Ejecutivo y aseguró que la ley "no apuntaba a una simple denuncia, sino a una condena judicial".

"Si bien eso no es 'cosa juzgada' porque la condena no está firme, eso implica que ya hubo una intervención de la Justicia que declaró la culpabilidad y dictó una condena. Esto es lo que el Ejecutivo vetó fundándose en el principio de inocencia que se entiende vigente y subsistente hasta tanto la condena no adquiera firmeza. Uno puede coincidir o no, pero no se puede negar que el Ejecutivo tiene la atribución constitucional de vetar las normas", dijo en declaraciones radiales.

En ese sentido, consideró que "debiéramos empezar a hacer un análisis con la mayor cantidad de actores posibles para ver de qué manera podemos propiciar las modificaciones legislativas que sean necesarias para agilizar los procesos penales". "Estas cuestiones no sucederían si la Justicia penal actuara con mayor celeridad, sin desmedro de las garantías constitucionales de los imputados, pero también en resguardo de las garantías de las víctimas de todos los delitos, especialmente los que son considerados aberrantes. Hoy vemos que muchos procesos terminan cayéndose por prescripción o violación del plazo razonable", opinó.