El Ministerio de Seguridad, a través de la Policía de la Provincia, reincorporó a 11 efectivos policiales que estaban en disponibilidad por denuncias penales en su contra, debido a las tardanzas del sistema judicial al no resolver con celeridad cada caso.
Tras la publicación de ayer efectuada en exclusiva por este diario en la que se daba a conocer la novedad, el jefe de Policía, Ángel Agüero, debió salir al cruce de las repercusiones y entre otras consideraciones apuntó al Poder Legislativo, al cuestionar legislación vigente que rige la actividad policial.

En diálogo con El Ancasti hizo hincapié en que el pase a disponibilidad "no significa perdonar ni olvidar. Quiere decir que una persona espera un fallo judicial que lo declare inocente o culpable de los delitos que se le adjudican. En este marco y en base a las facultades que tengo como jefe de Policía, decidí levantar la situación de disponibilidad de 11 policías, además porque varios llevaban cerca de cuatro años esperando que se expida la Justicia, y otros llevan hasta seis meses esperando que se resuelva su situación por una supuesta contravención".

Remarcó que "hasta el peor delincuente tiene derechos, como ser el principio de inocencia, y nosotros los vamos a hacer valer" y explicó que la disponibilidad "no es un castigo, es un trámite administrativo por el cual se aparta temporalmente a una persona denunciada, para que estando fuera de funciones no interfiera en la investigación".
Indicó que se trata de una herramienta que tiene como objeto transparentar una investigación y aseguró que "por el tiempo transcurrido y el estado de las causas de estos policías, tomé la determinación de levantarles la disponibilidad".
Sostuvo además que "con aquellos que resulten condenados o que produjeron conductas ilícitas, no vamos a tener contemplación. Pero mientras estén en la etapa investigativa, tengo que velar por sus derechos y atar mis decisiones a derecho".

Limitación policial
Agüero manifestó su malestar sobre las causas judiciales de policías imputados y de un condenado, y puso en evidencia la limitación de la institución a la hora de tomar decisiones sobre el destino del personal gravemente cuestionado y hasta con condena.

Por ejemplo, en el caso del comisario Jorge Alberto Chayle -condenado por violencia de género y puesto en funciones por el exjefe Avelino Caliva-, Agüero destacó que "cuando llegué al cargo él ya estaba en actividad. Él fue condenado sin que fuera inhabilitado para ejercer la función. Y no es bueno tener este tipo de policías. No comparto que tengamos este tipo de policías trabajando", remarcó.

Y agregó: "Por eso desde el mismo Ministerio se dispuso un plan de actualización y modernización policial, porque estamos trabajando con leyes que tienen más de cuarenta años. Y hoy la ley permite esto. Por eso en su momento Chayle volvió a trabajar, aunque a mí no me guste y a la gente tampoco. Y tenemos que ir por la actualización de la cuestión legal que hace al funcionamiento policial".

En este contexto sostuvo que la violencia familiar ataca a toda una familia, con situaciones que deben ser encaradas de manera integral, en las que en ocasiones se debe apartar a un hombre de la fuerza y ponerlo en disponibilidad, porque está enfermo, para que haga los tratamientos correspondientes".

"En algunos casos tengo indicaciones psicológicas de que para lograr el bienestar (del efectivo enfermo) puedo reintegrarlo al servicio. Y comparto que deben volver a trabajar si no fueron causas graves. Y no hay que olvidar que a los policías los tenemos sometidos la mayor parte del tiempo a situaciones violentas. Tenemos que estar capacitados, pero vivir tantas situaciones violentas repercute en las conductas individuales", agregó.
Remarcó que el "seguimiento desde lo psicológico para que puedan trabajar y ascender es permanente porque no puedo tener a un policía haciéndolo trabajar desde el día en que ingresa y en el primer tropiezo dejarlo afuera y mandarlo al paredón".

Reincidente
Sobre la reincorporación de causa del sargento Marcos Ariel Pacheco Rojas, arrestado en 2020 y en 2021 por graves agresiones a integrantes de su familia y a efectivos policiales, indicó: "La última causa fue hace cinco meses; él estaba en su domicilio con tres invitados y hubo una intervención policial. Se dio intervención a la Justicia Federal y a la Justicia ordinaria. Y en ningún caso se lo imputó por violación a las medidas sanitarias por COVID".

"Él llevaba cinco meses en disponibilidad, con costos personales. Y debo reconocer que la disponibilidad implica el descuento del 50% de su sueldo", justificó y subrayó: "Entonces, una causa que de carácter contravencional que cualquier ciudadano termina con el pago de una multa, tenía a un policía más de cinco meses cobrando la mitad de sus sueldo".

Manzi
Agüero explicó que tras la denuncia efectuada por el diputado nacional Rubén Manzi, por supuestos apremios contra su nieto, "no se hizo ninguna actuación a nivel policial porque era una denuncia contra personas que no estaban sindicadas".
"De forma inmediata se puso la causa a disposición de Asuntos Internos. Hubo una mujer y un hombre policía que también realizaron denuncias en el marco del caso", finalizó.