Hace unos días, Daniel Zelaya, presidente del Concejo Deliberante de la Capital, fue debidamente notificado por una denuncia en su contra. En marzo del año pasado, una mujer lo denunció en Concepción, Tucumán, de haber abusado sexualmente de ella entre 1996 y 1997. Por entonces, la denunciante era una niña y él un adolescente.

Pese a la denuncia en su contra, el edil no fue imputado. Consultado por El Ancasti, el edil comentó que recién hace 20 días fue debidamente notificado. Según aseguró, la Justicia tucumana, en dos instancias, no hizo lugar a la denuncia, dado que no habría evidencia de probabilidad para endilgarle algún delito.

En tanto que Luis Rizo, su abogado defensor, explicó que la Justicia tucumana declaró la prescripción de la acción penal. Por ello, su cliente no habría sido imputado oportunamente. Según el abogado, al recibirse la denuncia, el Ministerio Público Fiscal habría advertido que el hecho estaría prescripto y, en consecuencia, no se inicia la investigación.  

A través de una red social, la denunciante –para evitar la revictimización se resguarda su identidad- se manifestó.  “Cuesta y mucho pero sé que desde este lugar voy a ayudar a muchas víctimas que hoy están escondidas por miedo, por vergüenza, por mandatos... Tenía apenas 8 añitos cuando comenzó esta pesadilla que decidí ponerle fin cuando la denuncié en la justicia hace un año y dos meses. Viví un horror, fueron casi dos años de sometimiento. 

El trabajo que hice para poder denunciar y hoy poder publicar fue extenso (años), difícil y lleno de lágrimas. Hoy se terminó, ya no tengo miedo ni vergüenza, no puedo seguir guardando esta herida profunda que nunca sanará mientras siga en un cajón de mi mente. Mi abusador ya lo sabe, después de un año la justicia lo notificó (…). Algunos se preguntarán ‘por qué habla ahora’... No lo sé... quizás sea por el amor que le tuve y le tengo a gran parte de su familia, quizás sea por miedo a ser desacreditada... Lo que si sé es que ya no me importa si alguien tiene alguna duda solo me importa saber que nada es más importante  que lo que me sucedió a mí. No hay ningún vínculo que valga más que mi integridad sexual, que valga más que yo misma.

Hoy se terminó, ya no tengo miedo ni vergüenza, no puedo seguir guardando esta herida profunda que nunca sanará mientras siga en un cajón de mi mente. Mi mamá me miró desolada cuando me escuchaba contarle. ME CREYÓ y me abrazó (…). Yo ya hice Justicia no callándome más”.

Repercusiones
Conocida la denuncia, las redes sociales fueron el canal para apoyar a la denunciante. Algunos usuarios compartieron su publicación; otros  expresaron su apoyo.

Cecilia Guerrero, presidenta de la Cámara de Diputados de Catamarca, expresó a través de su muro de Facebook que el abuso sexual contra la infancia es un delito aberrante. “Cuando una denuncia penal por  este tipo de delito pesa contra un funcionario público, el sistema político no puede -ni debe- mirar para otro lado. Tampoco hacer de cuenta que la denuncia no existe. No puede ser argumento válido que la acción penal haya sido considerada prescripta, o si la Ley 27.206, o su antecesora la 26.705 (denominada Ley Piazza) son o no aplicables”, indicó.

En este sentido, consideró que los políticos y las políticas “no somos jueces y respetamos el principio de inocencia, de profunda raigambre constitucional. Pero debemos exigir que las denuncias sean investigadas”.
Por su parte, su par de la Cámara baja, Adriana Díaz, también a través de su muro de Facebook, exigió que se investigue: “La Justicia tucumana entendió que la causa no se enmarcaba en la Ley 27.206 que establece que no prescriben los plazos para delitos contra la integridad sexual de las personas y la archivó. Sin embargo,  la causa aún no está cerrada y sigue su curso". 

"La falta de perspectiva de Género de la Justicia tucumana, en este caso, es evidente. Principalmente porque no sólo existe la Ley 27.206 y sus modificatorias, que establecen que los plazos de prescriptibilidad comienzan a correr cuando la víctima realiza la denuncia, sino porque existen normas con mayor peso, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño que proponen juzgar este tipo de casos. Por otra parte, los delitos de abuso sexual contra menores de edad, ya no son de instancia privada, sino que por sus características particulares son considerados de instancia pública, por lo que el Estado está obligado a investigar de oficio. El dolor de las víctimas de abuso sexual no prescribe. La justicia debe entenderlo y enmarcase en las leyes vigentes”, sostuvo.