Aunque la primera reacción de Alberto Fernández fue la de cuestionar con dureza el fallo de la Corte Suprema de Justicia que respaldó las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, con el correr de las horas -y tras un análisis más profundo de la Secretaría de Legal y Técnica- en la Casa Rosada concluyeron en que la resolución del máximo tribunal se refiere al DNU que venció el viernes y que las medidas dispuestas hasta el 21 de mayo siguen vigentes.

La conclusión del Gobierno es una manera de relativizar el fallo de la Corte y apostar por la aprobación de una ley para regular las restricciones y la administración de la pandemia que será enviada pronto al Congreso. La normativa evitaría esta clase de escollos y discusiones.

“El fallo de la Corte incorpora el concepto de concurrencia, dice que hace falta un acto concurrente, o sea, un consenso, eso acaba de ocurrir al acordarse por mayoría en el Consejo Federal de Educación los parámetros necesarios para el dictado de clases”, deslizaron en la noche del lunes los voceros del Gobierno.

Además destacan que las actuales medidas de restricción dictadas hasta el 21 de mayo no hablan del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sino de zonas en alerta epidemiológica, entre las que se encuentran, además de esa región, el Gran Mendoza y Gran Rosario.

En este marco, el Gobierno asegura que Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, aún “desacata” las medidas dispuestas para reducir los contagios de coronavirus. Sin embargo, no está en los planes del Presidente de la Nación realizar presentaciones ante la Justicia.

La posición de la Casa Rosada quedó plasmada en un escrito que difundió el secretario de Comunicación y Prensa Juan Pablo Biondi, en el que se le restó importancia al fallo del máximo tribunal y se remarcó la vigencia de las medidas.

“La sentencia de la Corte Suprema de Justicia conocida en el día de hoy no resolvió un caso particular y concreto, sino que realiza consideraciones indicativas, toda vez que ya no se encuentra vigente el DNU cuestionado. El mismo tribunal admite, como ya lo había hecho en la Acordada 6/2020, que el Poder Judicial no cuenta con los instrumentos necesarios para evaluar la idoneidad de los indicadores sanitarios y epidemiológicos y, por lo tanto, las medidas aptas para contener los contagios”, señaló el comunicado oficial.

A su vez, insisten en que el martes, se cumplió con el requisito solicitado por el juez Ricardo Lorenzetti, que en sus argumentos sostuvo que “el Estado Nacional solo puede regular el ejercicio del derecho a la educación de modo concurrente con las provincias”. En este sentido, cerca de Alberto Fernández aseguran que con la firma de la mayoría de las jurisdicciones en el Consejo Federal eso quedó subsanado.

La resolución de la Corte fue en respuesta a un amparo presentado por el gobierno porteño en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que suspendió la actividad presencial en el área metropolitana por la segunda ola de contagios de coronavirus. El máximo tribunal determinó que “se hace lugar a la demanda respecto del planteo referido a que en el caso concreto se violó la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Proyecto de ley para adoptar restricciones

El viernes pasado, Alberto Fernández anunció el envío de un proyecto de Ley al Congreso de la Nación con “criterios científicos claros y precisos”, en función de los que tanto el Ejecutivo Nacional como los gobiernos provinciales tengan la potestad de adoptar restricciones y medidas de cuidado tendientes a mitigar la pandemia de coronavirus “durante esta situación excepcional”

La letra del proyecto es elaborada por la secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra. La idea sería enviarla al Congreso esta semana o a más tardar la próxima. El objetivo es evitar complicaciones en la aplicación de las próximas medidas.