La fiscal Marta Nieva fijó una caución de $300.000 pesos a los detenidos por los hechos del pasado 10 de abril, para poder recuperar la libertad.

Se debe efectuar a través de bienes muebles o inmuebles y los detenidos tienen que acreditar dicha propiedad ante los órganos provinciales para determinar que los mismos no se encuentren prendados.

Una vez cumplido este paso podrán quedar en libertad. También fueron fijadas una serie de restricciones.

Ayer y ante el vencimiento de los plazos para que estas personas sigan detenidas, la funcionaria judicial optó por solicitar su libertad al considerar que con ellos no hay ningún riesgo procesal, es decir que entorpezcan la investigación o que se fuguen del lugar. En ese marco y a pesar de que hay sospechas de que efectivamente participaron de los ataques, no hay motivos suficientes para pedir una prisión preventiva. 

No obstante, estas personas seguirán ligadas a la causa y aún se espera que se realicen más pericias, como las visualizaciones de los celulares que fueron secuestrados en los diferentes allanamientos.

La libertad provisional bajo caución, es la institución procesal por virtud de la cual, se otorga a una persona inculpada de la comisión de un delito, el beneficio de evitar la prisión preventiva o, en su caso, de sustituirla, por el otorgamiento de una caución, mientras dura su procesamiento.