El término “costo político” comenzó a circular con fuerza en los últimos días. Es que cerrar actividades es un costo difícil de asumir. Por eso, se hablaba de darles más libertad a las provincias para definir el rumbo de sus restricciones, en medio de una segunda ola de Covid-19 que está dejando récords históricos de contagios en la Argentina.

La consultora Analytica, que estudia, entre otros temas, la economía de las provincias del país, elaboró el año pasado un ránking de “resiliencia” de provincias, es decir, cuáles eran las que mejor aguantaban un cierre y las que mejor reaccionaban ante la apertura gradual de las actividades. Esa información sirve a modo de espejo en la actualidad con respecto a lo que puede llegar a pasar en los estados subnacionales con las nuevas restricciones.

Cerca de mediados del año pasado, Analytica midió el impacto económico del Covid-19 en las provincias. Para eso, estudió la oferta y la demanda: cruzó índices de movilidad, consumo y reapertura de actividades para entender cómo cambiaban sus economías con mayor o menor grado de cierre. Las que “peor” reaccionaron por aquel entonces fueron Jujuy, Chaco, Buenos Aires, Entre Ríos y Chubut.

“A medida que fue avanzando la pandemia el año pasado y se fueron reabriendo algunas actividades, la movilidad no se iba recuperando del todo en algunas provincias, como Jujuy. Movilidad indica consumo, porque la gente gasta más si se mueve”, explica Ricardo Delgado, presidente de la consultora.

“Sobre todo en las provincias que son muy dependientes de la asistencia social se sintió el impacto de la caída de los ingresos, lo que impactó en la recuperación posterior: quizás había hogares que se habían endeudado y, aun en mejores condiciones, no podían salir a consumir”, añade.

Las provincias sufrieron por dos, detalla Delgado. Por un lado, sintieron el impacto de la caída de la actividad a nivel nacional, que generó menor recaudación y, por ende, menos recursos coparticipables. Por otro lado, la menor presencia de recursos provinciales, como el impuesto a los Ingresos Brutos, que dependen directamente de que haya una economía funcionando. “Cuando cierran, pierden la posibilidad de financiar su gasto y entran en un círculo vicioso”, dice.

Hay provincias, como Jujuy y Chaco, donde los recursos coparticipables tienen una participación en el total de sus recursos superior al 85%, un porcentaje alto si se lo compara con el caso de la Ciudad de Buenos Aires, donde en 2020 llegaba casi al 27%, según el centro CEPA.

En este momento, señala Delgado, el escenario es un tanto distinto. Las provincias que podrían sufrir más tienen que ver con las que dependen de una economía de los servicios, como en el caso de la Capital Federal y sus restaurantes, restringidos por las limitaciones a la nocturnidad.

La gran mayoría de las provincias hoy no tiene grandes déficits fiscales, puntualiza, excepto por aquellas con gran cantidad de población, como Buenos Aires y Córdoba, y más allá de los problemas puntuales que tiene Chubut.

Mientras, a nivel actividad el panorama sigue siendo muy heterogéneo y hay algunas que pudieron retomar con fuerza actividades productivas, como en el caso de Neuquén con Vaca Muerta (al menos hasta hace unos días, previos al corte que tiene en vilo a 40 equipos perforadores) y Jujuy, Catamarca y Salta con el litio, apunta Delgado.