Un concejal justicialista, Gastón Reynaldo Monasterio, advirtió en septiembre del año pasado sobre la posibilidad de que existiera una estafa piramidal en las operaciones de la empresa Intense Live, una empresa que "busca inversores" a quienes promete grandes ganancias gracias a una supuesta inversión en criptomonedas.

Por entonces, el edil propuso al Concejo Deliberante de San José, Santa María, un proyecto para solicitar al Ejecutivo Provincial y a la Procuraduría de la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que investigaran a la empresa. Desde el Ministerio de Industria, Comercio y Empleo explicaron que no están facultados para abrir este tipo de investigaciones, cuáles son los alcances de la Dirección de Defensa al Consumidor y cómo se debe actuar en el caso de ser damnificado.

A fines de septiembre, el CD de San José aprobó un proyecto de comunicación con el que se solicitó que el Ministerio de Industria, Comercio y Empleo abra una investigación respecto de la empresa Intense Live, su operatoria y marco de legalidad; que se comunique a la PROCELAC sobre estas actuaciones; y que se invite al CD de la ciudad de Santa María a expresar en el mismo sentido. Para el concejal, la actividad de esta empresa "presenta las características de un fraude de tipo piramidal y no se encuentra inscripta en los organismos de control nacionales, provinciales ni municipales".

El rol del Ministerio
Desde el Ministerio de Industria, Comercio y Empleo explicaron que no tienen facultades para iniciar este tipo de investigaciones como las que solicitó el concejal, sino que quien debe avanzar sobre esto es la Justicia. En tal sentido, agregaron que en caso de que hubiera alguna presentación ante sede administrativa, como puede ser Defensa del Consumidor, este organismo traslada las actuaciones a la Fiscalía correspondiente para que indague al respecto tal como se encuentra establecido en el artículo nº51 de la ley de Defensa del Consumidor.

"En lo que concierne a Defensa del Consumidor, aquella persona que invierte en este tipo de esquemas no encuadra en el concepto de 'consumidor final' determinado por la ley nacional nº24.240, ya que no adquiere un producto para su uso personal o familiar", explicaron desde el Ministerio.

Por otra parte, indicaron que la habilitación de este tipo de empresas es facultad exclusiva de los municipios, y que en lo que respecta al orden tributario, estas firmas deben estar registradas ante Rentas municipal, Rentas Provincial, y la Administración Federal de Ingresos Públicos.

En el caso particular de San José, en Santa María, la Dirección de Defensa del Consumir tiene oficinas en las que no se recibieron todavía denuncias de esta índole.

Sobre Intense Live
Esta empresa buscaba "captar inversores" para una supuesta empresa de transporte similar a UBER, como un servicio de transporte a través de una aplicación.

Estos inversores debían hacer un aporte en criptomonedas equivalente a 300 dólares, aunque también hubo casos de inversores que aportaron pesos. A cambio de cada aporte Intensive Live prometía, más allá del capital originario, un porcentaje del 20% en carácter de intereses ganados.

Los supuestos inversores debían ingresar a una plataforma donde podían ver online su capital e intereses, aunque en realidad ese dinero era inexistente. La firma se promocionaba como una "inversión colaborativa" con un "contrato certificado" en su web que definía el negocio como "financiamiento colectivo en transporte privado".

La semana pasada, el fiscal federal de San Nicolás (provincia de Buenos Aires), Matías Di Lello, ordenó un procedimiento en oficinas de esta empresa en las que terminaron detenidos ocho hombres de entre 45 y 35 años, algunos de ellos vinculados al mercado de seguros, y fueron allanados por la Policía Federal.

Allí se secuestraron dólares y folletería, además de celulares y computadoras. Según la investigación que inició la PROCELA, la marca “Intense Live” no aparece entre los registros del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual.

Su web central ofrece domicilios en toda Latinoamérica, pero no en Argentina. Sin embargo, tenía oficinas esparcidas en Estados Unidos, Brasil, Colombia, Bolivia y también Argentina, donde llegó a Tucumán y Catamarca incluso.

Si bien la causa está caratulada como infracción al artículo 310 del Código Penal (empleados y funcionarios de instituciones financieras que mencionando hechos inexistentes, documentaren contablemente una operación crediticia con la intención de obtener un beneficio o causar un perjuicio), la Justicia no descarta que el accionar de esta firma quede vinculado a un fraude piramidal donde los inversores recibían los intereses originados en el dinero de nuevos inversores y no de genuinas ganancias.