La grave amenaza que recibió Lionel Messi en uno de los supermercados de la familia de Antonella Roccuzzo, en Rosario, instaló decisivamente el problema del narcotráfico en la agenda pública nacional, y obligó al Gobierno a abordar en público un tema que el Alberto Fernández, Cristina Kirchner y sus laderos eluden siempre que pueden. El kirchnerismo, incómodo, se mantuvo distante del estruendo político y social, e inclusive internacional, que provocaron los balazos y un mensaje por escrito, y sólo se expresó , en la voz de Andrés Larroque, para continuar con la ola de críticas contra el primer mandatario por su gestión en general. Pero la Casa Rosada y el Ministerio de Seguridad no tuvieron otra opción que salir a dar explicaciones.

La trama del narcotráfico ocupa un lugar secundario en la lista de prioridades para el Gobierno, al menos en la esfera del debate público. El Frente de Todos, que levanta las banderas del progresismo, evita cada vez que puede un tema que resulta espinoso para las filas de izquierda dentro del espacio y que la oposición enarbola como una de sus principales banderas. Por caso, la línea dura del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, que pertenece a su propio espacio, suele provocar escozor en las organizaciones kirchneristas.

El propio Alberto Fernández esquiva el tema del narcotráfico en todos sus mensajes, y ni siquiera mencionó la palabra en la Asamblea Legislativa. En cambio, se limitó a destacar que “el combate al crimen organizado es una lucha prioritaria” y que se están “multiplicando las tareas de la Gendarmería en el control fronterizo”, sin brindar mayores detalles sobre lo actuado.

Pero ayer, acuciado por la realidad, el Presidente debió abordar el asunto de manera urgente a partir de la masiva repercusión que tuvo el mensaje mafioso contra la familia de Messi. Con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, se vieron forzados a dar explicaciones al unísono sobre la situación en Rosario, donde la lista de homicidios, en lo que va del año. pasó a sumar 58 víctimas con la ejecución de un hombre, de siete disparos, en plena calle en un barrio del oeste de la ciudad.

Acorralados, Alberto y Aníbal Fernández, junto al ministro coordinador, debieron abocarse a defender la gestión de seguridad y a detallar las acciones de las fuerzas federales en el territorio. Aunque después, en distintas oficinas del Gobierno lamentaron que los medios gráficos y televisivos destacaran, en títulos y videographs, los fragmentos de sus alocuciones donde el primero opinaba que “algo más habrá que hacer” y el segundo admitía que “los narcos ganaron”. “Dijeron cosas de mucho mayor peso y eligieron eso”, se lamentó una alta fuente nacional. La desafortunada frase de Aníbal fue la excusa perfecta para su predecesora durante el gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, titular de Pro y precandidata a la presidencia, que usó esas palabras para, directamente, pedirle la renuncia al ministro.

Mientras reivindicaron sus propias políticas, en Casa Rosada seguían de cerca los primeros indicios de la investigación sobre el ataque, que llevan los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra con la colaboración de la Agencia de Inteligencia Criminal (AIC). Según las primeras hipótesis, la intimidación podría estar relacionada con la interna narco entre dos grupos de la banda Los Monos que integran de la barra de Newell’s, que, como publicó Infobae, ya provocó 16 balaceras y, al menos, cuatro homicidios.

En paralelo, a pesar los fuertes reclamos que llegaron desde la provincia, las máximas autoridades nacionales buscaron diligentemente exhibir sintonía con la administración local, a cargo de Pablo Javkin -que apareció mencionado en el mensaje contra Messi como “narco”- y la gobernación de Santa Fe, que comanda Omar Perotti, uno de los caciques peronistas que se muestran cada vez más distantes de la Nación. Cuidadosos de la imagen que proyectan en un momento clave ante la conmovida opinión pública, y decididos a resguardar la relación con un jefe provincial afín y con volumen propio, buscaron evitar embarrar la cancha con peleas políticas.

Con esa línea de actuación en marcha, cerca de Alberto Fernández pusieron el grito en el cielo cuando escucharon que el intendente rosarino le había pedido al Presidente, visiblemente preocupado, que viajara a su ciudad para interiorizarse con lo que ocurre en su distrito. “Javkin estuvo muy agradecido por todo lo que se está haciendo y no le dijo en privado a Alberto nada de lo que dijo públicamente media hora después”, señalaron, en off, desde la Casa Rosada. Después, cuando un periodista le preguntó a Aníbal Fernández sobre el reclamo del intendente, la lengua más afilada del gobierno nacional se mostró huidiza: “No tengo que hacer valoraciones al respecto”, dijo.

Desde el Gobierno se ciñeron únicamente a criticar a los predecesores de la administración peronista de Santa Fe, y a la Justicia de la provincia. En las filas del PJ suelen apuntar que el narcotráfico germinó y floreció en los gobiernos socialistas de Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, a pesar de que esa fuerza no gobierna desde hace tres años. Y ayer ratificaron la postura: “Hay complicaciones que heredaron, ni las hizo Javkin ni las hizo Perotti, las heredaron”, dijo Aníbal Fernández. En otro tramo, apuntó a la responsabilidad de los jueces provinciales. “Hay personas que estaban detenidas con condena firme y los dejan salir. ¿A qué? ¿Cómo es este tema? (...) Algo está pasando, denunciémoslo”, deslizó.

Por lo bajo, no obstante, en el Gobierno señalan que gran parte de la responsabilidad corresponde a las autoridades locales. En estricto off the record, en despachos de Balcarce 50 y dependencias aliadas señalaron la incapacidad del gobierno santafecino para combatir a las mafias que operan en su distrito y pusieron como principales ejemplos de la supuesta inoperancia los sucesivos e infructuosos cambios en la cúpula de Seguridad local: “Cuatro veces cambiaron de ministro, algo están haciendo mal”, deslizó un funcionario.

Mientras cuidan las relaciones políticas con los propios, en el Gobierno también eluden cualquier admisión de las responsabilidades que les competen, y procuran mirar hacia adelante. Ayer, el ministro de Seguridad reemplazó al coordinador del Comando Unificado de las fuerzas federales en Rosario, José Mario, y anunció, vagamente, que tomarán nuevas medidas. Desde la Nación dijeron que “las están preparando”, pero no adelantaron en qué sentido trabajan. “Vamos a seguir en la misma línea”, fue todo lo que dijeron cerca de Aníbal Fernández, y pidieron paciencia. En el despacho del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, también mantenían la reserva.

Algunos indicios podrían conocerse el jueves que viene. Ese día, a las 11, el ministro de Seguridad deberá presentarse a dar informes sobre su gestión en Diputados, a partir de un pedido de interpelación que presentó en la Comisión de Seguridad Interior el diputado nacional opositor por Santa Fe, Juan Martín Musacchio (UCR). La citación, que lleva la firma del presidente de la comisión, el massista Ramiro Gutiérrez, fue impulsada hace meses, en noviembre, cuando Rosario tocó el récord anual de homicidios dolosos: 288. El funcionario responderá preguntas y no se desacarta que adelante medidas.

Los opositores lo recibirán con el cuchillo entre los dientes. A diferencia del peronismo, el narcotráfico es uno de los pilares de la plataforma política de Juntos por el Cambio, donde acusan al gobierno nacional y al provincial de desentenderse. Les imputan que las políticas que se impulsan desde la Nación son insuficientes y sospechan del cumplimiento efectivo de las medidas que están en marcha.

“Hay una ejecucion paupérrima de los fondos de seguridad interior en términos del presupuesto distribuido por provincia. Santa Fe ocupa el puesto 14 de la lista de ejecución del presupuesto para el área; y está en el último lugar en el recorte per cápita. Por encima hay provincias como San Luis o Catamarca que están muy lejos de tener problemas como los que tenemos en la provincia”, dijo el diputado santafecino Musacchio, en diálogo con Infobae.

Por ahora, en la oposición eximen de responsabilidades a Agustín Rossi, dirigente santafecino, rosarino, que acaba de desembarcar en la Jefatura de Gabinete y ayer continuó con el rally de apariciones públicas que emprendió desde que llegó a la Casa de Gobierno. También evitó confrontar con Perotti, a pesar de que en las últimas elecciones fue su rival interno. La semana pasada, en una entrevista con este medio, Rossi había dicho que sus aspiraciones políticas del pasado en tierras santafecinas no se interpondrían en la coordinación con las fuerzas provinciales.

Anoche, el gobernador de Santa Fe le respondió a Aníbal Fernández por su frase, que “repidió” y calificó como “poco feliz”. Mientras que Javkin, titular de la fuerza local Frente Progresista Cívico y Social, que se diferencia del PJ y de Juntos por el Cambio, viene pidiendo, cada vez con mayor insistencia, al menos que haya mejor coordinación con la Nación. Sin ir más lejos, dos semanas antes de que balearan el supermercado Único, el alcalde había exigido un incremento presencia federal. “Rosario necesita ayuda, respaldo (...) No sirve que Aníbal Fernández le diga al gobernador Perotti que lo combata con la policía provincial, porque Aníbal tiene la responsabilidad de las fronteras, por donde entran la droga y las armas”, había dicho el referente santafecino, en una entrevista.

Para hoy se espera que continúen los diálogos entre el Presidente y el ministro de Seguridad, junto a Rossi, para definir cómo seguir frente al escándalo que provocaron las amenazas. En el Gobierno sopesan paso a paso la mejor manera de enfrentar, sin respaldo del kirchnerismo, el descalabro que atraviesa Santa Fe, y en particular, Rosario, desde hace años, y que ayer, por el pico de resonancia en la agenda pública, los obligó a reaccionar en el comienzo del año electoral.