Tras el pedido de informes que realizó el bloque de diputados de la UCR, la mesa de Juntos por el Cambio, que nuclea a los presidentes de los partidos reunidos en la alianza opositora, subieron la apuesta y repudiaron las afirmaciones realizadas el jueves último por el gobernador Raúl Jalil, quien había dado a entender que la oposición, con distintas acciones, había facilitado la especulación financiera. También solicitaron que "no desvíe el eje" y responda al pedido de informes por presuntas inversiones que el Estado habría realizado en las financieras.

"La Mesa Provincial de Juntos por el Cambio expresa su repudio a las infundadas acusaciones del gobernador Raúl Jalil en contra de nuestra coalición, que aseguró que nuestro espacio 'promueve la especulación financiera'", señalaron en el comunicado y agregaron que "esperamos que proceda en consonancia con el requerimiento del bloque de diputados de la UCR para poner blanco sobre negro en el escándalo de las financieras que tanto daño ha causado en el bolsillo de miles de catamarqueños".

Además denunciaron que "es de público conocimiento que el Estado realizó pagos de bienes y servicios a las empresas del señor Bacchiani y sus socios. Estas operaciones están sospechadas de ser simuladas para transferir recursos a las financieras que provienen de las arcas del Estado, es decir del bolsillo de los ciudadanos. Este tipo de maniobras, que se pretende aclarar, involucra a ministros de su gabinete y hasta a intendentes, que constantemente están en situación de emergencia reclamando la ayuda extraordinaria de la provincia”.

En otro párrafo manifestaron que en su momento la actividad de las inversoras fue legalizada por el Estado al convertirlas en agentes de percepción de ingresos brutos. "Tenemos presente que la Agencia de Recaudación Catamarca (ARCA) nominó agentes de retención a Adhemar Capital, Sierra, José Luis, y RT Inversiones, dándoles un manto de legalidad a dichas empresas y a sus actividades. También tenemos memoria de que fue el mismo Gobernador quien propuso crear una criptomoneda provincial con lo que el Estado entraría de lleno en el juego financiero de los vaivenes propios de la especulación que él dice rechazar. Claramente, el licenciado Jalil no está del otro lado de la especulación financiera", manifestaron al responder las expresiones del primer mandatario luego de un acto de entrega de viviendas.

"Entendemos que el tema le causa molestia ya que pone fatalmente en duda la transparencia de su gobierno, pero creemos que debe sobreponerse a ello y no eludir los requerimientos de los diputados de la oposición. Le pedimos que sea claro y no trate de desviar el eje de lo que se le está solicitando”, concluyeron.

Marchioli

El diputado Alfredo Marchioli (UCR) se refirió también al pedido de la oposición y no descartó iniciar una denuncia contra algunos funcionarios por supuesto enriquecimiento ilícito.

"Si el Gobierno está seguro de que ningún funcionario provincial o intendente está vinculado, que pida una declaración jurada donde expresen si participaron o no y el origen de los fondos. Que demuestren que estamos equivocados" enfatizó.

En declaraciones radiales, el legislador se refirió al pedido de informe dirigido al Poder Ejecutivo respecto de la utilización de fondos públicos en inversiones financieras y planteó la necesidad de que el Estado provincial y los organismos de contralor de los recursos de los catamarqueños "den claridad sobre el manejo de las cuentas".

“No puede decir el Gobernador lo que dijo, porque si bien entiendo que es una situación complicada porque su hermano está involucrado, no creo que el camino sea querer tapar el sol con un dedo” apuntó el dirigente.

Más adelante Marchioli deslizó que, si bien algún funcionario "puede haber sido víctima de este proceso poniendo dinero personal, no puede estar instalado en la sociedad que se utilizaron fondos públicos para invertir en esas empresas”, y garantizó que habrá continuidad y “no quedará en un simple pedido de informe sobre la posibilidad de que hayan utilizado fondos públicos”.

“Si el Gobierno no responde o no genera ninguna acción, avanzaremos con otras medidas más contundentes” aseveró Marchioli y dejó entrever la posibilidad de realizar una denuncia “por posible enriquecimiento ilícito”, aunque fue cauto al sostener que todo se hará “paso a paso”.

Marchioli también exhortó a tener responsabilidad y llevar claridad en el tema, “la diferencia está en que un individuo con plata legítima y bien habida haya invertido en búsqueda de mejorar su rentabilidad y otra cosa muy diferente es ser un funcionario público, promover la inversión y utilizar fondos del Estado”.

En el mismo sentido, se refirió a la documentación que prueba que las empresas involucradas en el conflicto están declaradas como agentes de retención del impuesto sobre los Ingresos Brutos ante Rentas de la provincia, y añadió que todo demuestra que la actividad “está reconocida, legalizada y legitimada por organismos del Estado”.