Están vacantes el 25% de los juzgados y el 40% de las fiscalías, y se prevé que las demoras en las designaciones se extiendan al menos hasta que el Congreso sancione una nueva ley de reforma del Consejo de la Magistratura como lo determinó la Corte Suprema.

Los números que advierten sobre la fuerte crisis en la Justicia indican que quedan por ocupar 246 juzgados y 123 fiscalías, procesos que llevan tiempo y que están demorados.

Según detalló el diario Clarín, en el caso de los juzgados hasta el momento hay 127 concursos en trámite, mientras que en otros diez todavía no se hizo la convocatoria.

Mientras que se acumulan 104 pliegos que deben ser aprobados por el presidente Alberto Fernández y otros cinco que aguardan ser tratados en el Senado, que es la cámara legislativa que avala o rechaza las postulaciones de los magistrados.

Cuáles son los cargos vacantes en los tribunales de Comodoro Py

En el caso de Comodoro Py, a cargo de causas de delitos como corrupción, lavado de dinero y narcotráfico, quedan por concretar designaciones en tres juzgados de instrucción.

En los tribunales federales de Retiro además restan por definirse dos puestos en la Cámara de Apelaciones, uno en la Cámara de Casación y seis en los Tribunales que realizan los juicios orales.

En las fiscalías la vacancia llega al 40%

En cuanto a las fiscalías hay 40% de acefalía. Restan por hacer designaciones en 123 fiscalías, en ocho cargos en dependencias no habilitadas, en 14 en fiscalías internas de la Procuración General de la Nación (PGN) y en ocho en organismos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

El jefe de los fiscales es el Procurador general interino Eduardo Casal, al que el Gobierno trató de desplazar.

Qué dice el fallo de la Corte que declaró inconstitucional la conformación del Consejo de la Magistratura

A mediados de diciembre la Corte Suprema declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de la conformación del Consejo de la Magistratura, en un fallo de alto impacto político.

El fallo de la Corte Suprema le dio un plazo de 120 días (hasta el 15 de abril) a la institución que selecciona y controla a los jueces para regresar a la composición previa a la reforma de 2006 impulsada por Cristina Kirchner cuando era senadora.

De esta manera la Magistratura debe volver a tener 20 miembros en lugar de los trece actuales, lo que se traducirá en una disminución del peso de la política en la proporción de los consejeros.

Los jueces de la Corte Suprema además determinaron que el Congreso debe dictar una ley que establezca a futuro cuál será la formación y el funcionamiento del Consejo, que respete la pauta de equilibrio que el máximo tribunal consideró alterada con la reforma impulsada por el kirchnerismo.