En un desgarrador relato, tres jóvenes mujeres aseguraron que se sienten perseguidas y hostigadas por su propio padre y temen por su seguridad. Señalaron que han sido víctimas de violencia física, verbal, psicológica y económica y le piden a la Justicia de Catamarca que las proteja, haciendo cumplir, por ejemplo, la orden de restricción de contacto que el hombre posee y que ha sido violada, con anuencia judicial, en los últimos días.

En diálogo con El Ancasti contaron que “de todas las violencias que nuestro padre, Antonio Russo, ejerció contra nosotras, la peor es la violencia física, que nos llevó a quedar internadas en el Hospital San Juan Bautista por varios días con asistencia psiquiátrica”.

Recuerdan cómo sus vidas cambiaron de un momento para otro. “Vivíamos bien,  muy bien.  Pasamos de vivir bien, a vivir en un departamento prestado por amigos incondicionales, porque cuando salimos del hospital fuimos desalojadas por orden de la persona que toda la vida nos prometió cuidarnos, siempre ayudado de abogados, los mejores, que hacían el trabajo sucio. La separación con nuestra madre fue el principio del fin. Salimos a trabajar todas, las que podían estudiaban y trabajaban. Por fin pudimos volver a nuestra casa familiar, pero volvimos sin luz, sin agua, sin gas. Solo teníamos la casa. El regreso fue con denuncias de usurpación de nuestra casa familiar, con ingresos violentos de él intentando romper portones, violando restricciones de contacto. Siempre protegido, rodeado de abogados que ninguneaban nuestras peticiones de los alimentos que nos correspondían por ser menores y estudiar”. 

“Se nos ha negado todo, siendo él una persona con los medios suficientes para darnos a cada una  lo que nos correspondía. Todo nos fue negado”, agregan.

Relatan que también fueron víctimas de falsas denuncias de su parte: “Luego de agredirnos, y mientras llamábamos a una ambulancia para que atienda a una de nosotras por los golpes propinados, él concurrió a denunciar que nosotros habíamos sido las agresoras. De esa manera se mueve, siempre con mentiras e impunidad”.

Contaron también que ayer miércoles “llegaron a nuestra casa oficiales de justicia, abogados de nuestro padre, policía de la provincia y sin que la notifiquen a la abogada de nuestra madre a cumplimentar un secuestro, operativo en el que la jueza lo autorizaba a él a concurrir a nuestra casa a observar dicho proceso, pese a que la propia Justicia emitió hace dos años una orden de restricción de contacto. Es una medida emitida por el Fiscal Sago en el año 2019, reafirmada por la Fiscal Miriam López y extendida este año por el fiscal Exequiel Walther. Es increíble que una jueza autorice la violación de una orden emitida por varios fiscales”. 

Se quejaron también de que nunca se atendió su petición de reunir todas las denuncias presentadas contra el padre en los últimos años en una sola causa.

Ayer también, luego del operativo narrado, se produjo otro extraño procedimiento. Lo explicaron de la siguiente manera: “A los minutos de finalizado el operativo, se hacen presenten en nuestro domicilio trabajadores sociales de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, para constatar el bienestar de la niña que vive en casa, hija de una de nosotras, ya que recibieron una denuncia anónima realizada a través del número de emergencia, acusándola a la madre de la nena de negligencia y maltrato infantil. Una vez observada la vivienda y en las condiciones que se encontraba la niña se retiraron, diciéndole a la mamá de la niña que no se preocupe, que todo estaba en orden. Tenemos por supuesto la sospecha de quién es el autor de esta falsa denuncia”.

“Le pedimos a la Justicia que nos proteja. Somos mujeres fuertes pero a veces nos sentimos desamparadas; recurrimos a hacer público el infierno que vivimos para que de una vez por todas el Estado se haga cargo de protegernos. Solo queremos vivir en paz”, finalizaron.