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INTERIOR

22 de octubre de 2021

Juntos por el Cambio denunció “persecución política” en el interior

El diputado provincial Carlos Marsilli dijo que los principales perjudicados son empleados becados que cobran hasta $12 mil.

El diputado provincial y candidato a su reelección Carlos Marsilli (Juntos por el Cambio) denunció públicamente, casos de persecución política en el interior de la provincia por parte de intendentes del oficialismo. 

El legislador señaló que estos ataques tienen como principal foco los empleados municipales. En este sentido, comentó que "personas que perciben una beca por parte de Municipios oficialistas se han visto obligados a realizar tareas partidarias correspondientes a la actividad proselitista o también personas que comulgan pensamiento opuestos a los intendentes han sufrido baja en las becas". 

Concretamente, el legislador mencionó el caso de Tapso en donde supuestamente el ciudadano Antonio Segura fue dado de baja en estas circunstancias por el intendente Alberto Sosa a pesar de concurrir a la municipalidad y cumplir con las tareas dispuestas. Marsilli también comentó que en una recorrida por las localidades de El Rodeo y Las Juntas, esta situación se replicó. “Están aplicando la política del miedo, someten a los beneficiarios a través de amenazas y gravísimo que eso suceda en un Estado democrático”, aseguró.

Posteriormente, el diputado cuestionó “la precarización laboral que el Gobierno promueve" ya que es ésta la que permite "coartar las libertades de los empleados que para sostener un ingreso mínimo deben someterse a los intereses político de quienes conducen el gobierno provincial o municipal”.

“Es lamentable que en democracia estemos denunciando el avasallamiento a la libertad de pensamiento y política. Están jugando con la necesidad de quienes menos tienen a pesar de decirse defensores de los sectores vulnerables”, apuntó. 

     

En este marco, señaló que “la precarización laboral conduce indefectiblemente al sometimiento" y afirmó que los perjudicados "no solo son becados, sino que también perciben por ella entre 4 mil y 12 mil pesos, cuando una familia para no ser indigente requirió de un ingreso de más de 30 mil pesos". 

"Es una realidad que duele, juegan con la necesidad de empleo y sostener económicamente a sus familias”, aseveró a lo que añadió: "Desde hace tiempo venimos denunciando la precarización laboral".

Finalmente, el legislador cargó contra el Gobierno provincial al afirmar que "hace 10 años llegaron prometiendo trabajo y los catamarqueños solo recibieron becas que para mantenerlas deben entregar su libertad política". 

"Están atentando contra los derechos democráticos, atropellando la ciudadanía de los catamarqueños, buscan imponer la política del miedo”, cerró.

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