Luego de la fuerte tensión que vivió el Gobierno durante la semana pasada, que lo tuvieron en el ojo de la tormenta, el ministro de Economía, Martín Guzmán, quedó ratificado en su cargo y encarará días también intensos que tienen tres ejes clave: terminar de delinear el urgente “shock de consumo” que prometió el presidente Alberto Fernández en su cumbre con los gobernadores peronistas, defender el proyecto de Presupuesto 2022 ante el Congreso y pagar unos US$2000 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI).

El objetivo oficial de “poner dinero en el bolsillo de la gente”, a menos de 60 días de las elecciones legislativas de noviembre, se convirtió en prioridad luego de la derrota electoral de las PASO 2021 y que desató una crisis política en el oficialismo que derivó en cambios de gabinete, anunciados el pasado viernes por la noche.

Mientras se aguarda confirmación sobre su charla pendiente con la vicepresidenta Cristina Kirchner -quien por carta negó haber pedido su renuncia pero cuestionó su estrategia de prudencia fiscal y pidió acelerar el gasto-, y continúa lidiando con el dólar para que la demanda sobre mercado paralelo no dispare la brecha con el oficial, la agenda semanal de Guzmán puede sintetizarse de la siguiente manera:

Medidas para reactivar y cambiar el humor hacia noviembre

El escándalo político en la alianza gobernante dejó en suspenso una serie de medidas de shock económico que se venían delineando luego de la derrota nacional de las elecciones primarias del domingo pasado. Son la base del intento del Gobierno por revertir el resultado de las urnas.

Si bien los detalles permanecen en reserva, apuntan a los sectores más vulnerados, como los jubilados y pensionados, beneficiarios de la AUH. El análisis oficial gira en torno a un aumento por decreto por fuera de la movilidad jubilatoria (que subió este mes 12,4% y su próxima alza será en diciembre) o un bono para cobrar entre octubre y noviembre próximo, aunque esa figura luego se licúa porque no se toma como base para los incrementos por ley.

Según un informe de la consultora Invecq, el poder de compra de los beneficiarios de la AUH se derrumbó 23% entre las primarias de 2019 y las del domingo pasado. La caída, que no contempla la puesta en marcha de la Tarjeta Alimentar (que implica hasta $12.000 mensuales de ayuda alimentaria), está por encima de lo perdido por los jubilados y los salarios formales, que hace 40 meses no le ganan a la inflación.

Las medidas de “alivio al bolsillo” comenzarán por los trabajadores formales e informales de ingresos bajos. Como informó TN.com.ar. el martes, a las 15, se reunirá el Consejo del Salario para determinar un incremento adicional. El salario mínimo está hoy en $29.160, tras el alza de 35% dispuesta a fines de abril y que en principio iba a darse en siete tramos que por la alta inflación se adelantó a septiembre.

La intención oficial acordar un extra de 10% y 15% para que el piso de ingresos supere los $32.000 y se acerque a los incrementos paritarios del sector privado, que quedaron por encima del 40%.

El SMVyM impacta en unos 6 millones de empleados formales y los que se mueven en la informalidad (el 40% de los trabajadores) y en un millón de beneficiarios del Potenciar Trabajo, el plan social que paga la mitad de un salario mínimo con una contraprestación laboral de cuatro horas diarias en general en proyectos de la llamada economía popular (comedores, recicladores, cooperativas.

Guzmán se encontró el viernes con Juan Zabaleta, para “trabajar en la agenda de inversión social”, afirmó el ministro de Desarrollo Social en su cuenta de Twitter. En el encuentro “se habló de políticas de ingresos, capacitación, empleo y urbanización de los barrios populares”.

En ese marco, la idea de transformar planes sociales en empleo genuino no quedó relegada y en el Gobierno buscarán en las próximas semanas anunciar un esquema de transición entre los beneficios estatales al trabajo formal en sectores como la construcción o la gastronomía.

El sistema está en marcha para el trabajo temporario rural, que compatibiliza por 6 meses el beneficio y luego se convierte en un “subsidio” a la firma para que mantenga el puesto laboral.

También esta en estudio una ampliación del Ahora 12, para que vuelvan a aceptarse las tarjetas no bancarias (las emitidas por supermercados, shoppings y cadenas de electro), que quedaron afuera del programa oficial de financiación del consumo en marzo. y que suelen tener los sectores de ingresos medios bajos.

Un plan de créditos a tasa 0% para asalariados también conforma el menú que terminan de definir por estas horas en el área que encabeza Guzmán, en un esquema similar a la línea de los préstamos para monotributistas que se lanzó el mes pasado.

Además, habrá gestos a la clase media. Tal como adelantó TN.com.ar, el nuevo piso de Ganancias subirá a $175.000 o $180.000 brutos mensuales, para que un millón de trabajadores en relación de dependencia sigan exentos del gravamen, como lo están desde junio pasado.

El reclamo de los gobernadores a Alberto Fernández

En el encuentro que encabezó el sábado en La Rioja, con parte de su nuevo gabinete de ministros y gobernadores peronistas, el presidente Alberto Fernández anticipó que en las próximas horas habrá anuncios para garantizar mejores ingresos de la población. Los mandatarios le reclamaron, por su parte, que acelere los tiempos de las obras públicas y programas de vivienda, por entender que son claves en la generación de empleo y reactivación en las provincias.

Así lo indicó este domingo el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. “Se va a anunciar un shock de consumo, no tenemos el detalle de las medidas pero el Presidente las dará a conocer una vez que asuma el Gabinete. Lo que puntualizamos los gobernadores fue la necesidad de apurar la entrega de viviendas (de los programas como el Procrear) y las transferencias de recursos para las obras públicas en las provincias, que están demoradas”, dijo el chaqueño en declaraciones a radio 10.

En la misma línea se pronunció su par riojano, Ricardo Quintela: “se buscará la reactivación de la economía en el corto plazo”, con programas basados en el consumo y la obra pública. Y remarcó: ”tenemos que tener una política inclusiva de distribución de oportunidades”.

Al difundir el proyecto de Presupuesto 2022, fuentes de Economía dejaron trascender que en los próximos meses se acelerarán las partidas presupuestarias subejecutadas y que están relacionadas con al inversión del Estado, “el gran dinamizador de empleo y reactivación” como definió el mandatario chaqueño.

Defensa del proyecto de Presupuesto 2022

La discusión sobre si la prudencia fiscal que Guzmán imprimió en los primeros siete meses del año fue o no un ajuste, como acusó Cristina Kirchner en su carta, se trasladará al Congreso, con el inicio del debate por el Presupuesto 2022, que llegó al Parlamento a última hora de miércoles pasado, en medio de la crisis en el gabinete. Se espera que en los próximos días el ministro de Economía concurra a la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados en la tradicional presentación y defensa de la iniciativa que, no obstante, llegaría al recinto luego de las elecciones del 14 de noviembre.

El proyecto oficial descuenta un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para repagar la deuda por US$45.000 millones. Deja una advertencia sobre las consecuencias devastadoras para el país que tendría tener que pagarle al Fondo todo lo comprometido: US$19.000 millones.

Entre otros números, prevé una reducción del déficit fiscal al 3,3% (desde el 4% de este año), así como un crecimiento del PBI de 4%, una inflación de 33% y una devaluación del peso de 24% para todo el año próximo. Y plantea una reducción fuerte del nivel de transferencias a sectores económicos, donde están los subsidios a las tarifas de la energía, el transporte y el agua potable. Prevé que por el fin de un programa de incentivos al gas, los subsidios energéticos caerán hasta 1,8% del PBI en 2022 y confía en que la segmentación permitirá bajar ese porcentaje hasta 1,5% del PBI.

Máximo Kirchner, presidente del bloque oficialista de Diputados, dejó en claro que el incremento de tarifas será debatido por los legisladores. “Uno puede prever matemáticamente, pero tiene que ver como está la sociedad, no puede actuar en base a cuentas matemáticas sino tiene que ver cómo impacta en la realidad de la gente”, planteó en declaraciones a radio Del Plata.

Pago del vencimiento al Fondo Monetario Internacional (FMI)

El otro evento clave de esta semana que inicia es el pago del primer vencimiento de capital por el préstamo del Fondo. Se trata de unos US$2000 millones que el Gobierno cancelará este miércoles 22 con dinero proveniente de los derechos especiales de giro (DEG) que el organismo envió hace un mes como parte de la emisión dispuesta para paliar los efectos de la pandemia.

Los DEG del Fondo llegaron al Banco Central el 22 de agosto último e hicieron que las reservas internacionales superaran los US$46.000 millones por primera vez en casi dos años, aunque de manera temporal, dado que la disparada de los dólares paralelos obligó a la autoridad monetaria a desprenderse de divisas para contener las opciones financieras y evitar un traslado al blue y a los precios internos.

Este sábado, además, los US$4334 millones de DEG del Fondo fueron incorporados como parte del Presupuesto de este año. La medida dispuesta por decreto de necesidad y urgencia (DNU) fue rechazada por economistas por entender que se trata de una maniobra que permitirá incrementar la emisión monetaria para el gasto electoral y que pone aun más en riesgo la delicada situación macro.

A través del DNU 622 publicado el sábado en el Boletín Oficial, se incorpora en el cálculo de recursos corrientes previsto en la Ley 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021 el monto de $422.174 millones (los u$s 4334 millones) de DEG, lo que representa 1% del PBI.

En paralelo, se autorizó al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas que integran la Administración Financiera del Sector Público Nacional a emitir letras en dólares estadounidenses, por un monto de hasta el total de los fondos girados por el organismo, a diez años de plazo, con amortización íntegra al vencimiento, precancelables total o parcialmente, que devengarán una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del BCRA para el mismo período y hasta un máximo de la tasa Libor anual menos un punto porcentual.

Los intereses se cancelarán semestralmente y la suscripción de estas letras deberá ser integrada en Derechos Especiales de Giro (DEG), y serán colocadas al Banco Central a la par, devengando intereses a partir de la fecha de colocación. Los recursos provenientes de la suscripción de estas Letras sólo podrán aplicarse al pago de obligaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En los considerandos del decreto se mencionó que el 22 de septiembre y 22 de diciembre próximos operan vencimientos con el Fondo en el marco del acuerdo de 2018 por US$3810 millones en total, no previstos en el Presupuesto 2021. “Con el fin de evitar caer en una situación disruptiva, y a la vez mantener un proceso de negociaciones para restaurar la sostenibilidad de los compromisos asumidos, y en razón de la asignación extraordinaria referida en los considerandos precedentes, se propicia incorporar dichos Derechos Especiales de Giro (DEG) al Presupuesto vigente para poder hacer frente al pago de los próximos vencimientos con el FMI”, se indicó en los considerando del DNU, firmado por Fernández y su “viejo” gabinete de ministros.

Desde la consultora Ecolatina señalaron que la inclusión de los “fondos pandemia” “no implican necesariamente que el déficit fiscal cierre de 2021 por debajo del 4% del PBI estimado. A la par de la incorporación de los DEG, resta añadir el impacto de las medidas que se anuncien próximamente. Lo que implica el reciente decreto es que el Gobierno podrá realizar gastos adicionales o reducciones impositivas sorteando la restricción de emisión actual (vendiendo los DEG al BCRA contra pesos), al tiempo que los mayores recursos presupuestarios incrementarán en límite de adelantos transitorios este año y para 2022. Además, se desprende que el Tesoro le pedirá prestado los DEG que le vendió al BCRA para cancelar las obligaciones con el FMI”, señaló en su análisis semanal.