Esta semana volvió un debate de hace unos meses: la posible “integración” de los sistemas público y privado de salud. Las prepagas denuncian una posible estatización “de hecho”, que se realizará luego de desfinanciar a las empresas. Tras un aumento del 14,1% acumulado este año -y de un 10% en 2020-, y luego de varios vaivenes de subas aprobadas y luego desautorizadas, las firmas anunciaron que irán a la Justicia para recuperar sus cajas.

El sector privado de salud, que atiende a siete de cada diez argentinos, asegura que hay una “brecha” del 36% entre lo que hoy cobran y lo que deberían cobrar para cubrir sus costos. En 2020, tuvieron sus cuotas casi congeladas. Y en 2021, los aumentos se utilizaron para poder completar la paritaria del personal de salud de 2020, señalan en el sector.

La situación de las prepagas derivó en pagos congelados a profesionales de la cartilla, lo que repercute de lleno en los clientes, que hoy tienen opciones reducidas para atenderse. Por ejemplo, en odontología -donde se ralentizan los turnos por la desinfección que requieren los espacios de trabajo- cada vez hay menos profesionales que atienden por prepagas. Los que lo hacen, cobran una especie de “copago” de hasta cuatro cifras para cubrir sus costos.

El problema, admiten, es que no hay bolsillo que aguante un aumento de este calibre. Por eso, como alternativa, sugieren exenciones impositivas (una rebaja del IVA, sobre todo) para reducir sus costos.

En una conferencia de prensa, la Unión Argentina de Salud (UAS), que agrupa a clínicas, sanatorios, hospitales, centros de diagnóstico, obras sociales, financiadores y servicios de urgencia, denunció que el Gobierno incumple la Ley de Medicina Privada, que obliga a estudiar las estructuras de costos de las empresas y a otorgar, en consecuencia, las actualizaciones necesarias.

“Como sector nos presentaremos mañana ante la justicia para pedir una medida cautelar urgente que exija al gobierno y a las autoridades correspondientes el cumplimiento de la ley”, anunciaron desde la institución.

En el discurso, Claudio Belocopitt, presidente de la entidad, explicó que parte del sector de la salud privada tiene sus paritarias vencidas y que otro está a 15 días de tenerlas. Sobre esa base, solicitan aumentos para cubrir el aumento de salarios. En otras ocasiones, denunciaron aumentos de los medicamentos e insumos de hasta el 1.300%.

En este momento, un plan familiar puede costar unos $20.000 al mes. El mes pasado se concretó un aumento del 10% -que correspondía a un 4,5% de abril y un 5,5% en mayo-, y se estima que cuando se conozca hoy el número de inflación oficial del mes que pasó el rubro “salud” sea uno de los que más haya aumentado.

Entre el 70% y el 80% de los argentinos se atiende de manera privada, y lo hace mediante “aseguradoras”, es decir, obras sociales y prepagas. Hay más de 6 millones de afiliados en las prepagas. De estos, 4,8 millones utilizan aportes para pagar total o parcialmente la cuota. El resto la abona en su totalidad.

El aumento de las prepagas está regulado por la Superintendencia de Servicios de Salud, pero el Gobierno puede incluso dar marcha atrás en esferas más altas. Basta recordar un ejemplo reciente: a pesar de que había sido autorizado previamente, a inicios de este año el Gobierno dio marcha atrás con un aumento del 7% que correría a partir de febrero. Finalmente, dio luz verde para una suba del 3,5% a partir de marzo, una del 4,5% en abril y otra del 5,5% en mayo.

Este lunes, la vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a pedir la reforma del sistema de salud. “Vamos a tener que repensar todo el sistema de salud. Las prepagas no saben dónde colocar a la gente. Dicen los que saben que tal vez vengan otras pandemias. Lo peor que nos puede pasar es negarnos a discutir la realidad”, dijo durante un acto en la puerta del Hospital de Niños Sor María Ludovica, en La Plata.

En el mismo sentido, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, habló de trabajar “en disminuir fragmentación del sistema de salud” y añadió: “Esta pandemia fue una oportunidad muy grande para poder disminuir esa fragmentación y para entender que la salud es una sola. Como toda crisis, se generó una oportunidad y seguiremos trabajando para fortalecer no solamente el sistema de salud público sino que el objetivo que tenemos, que es ser el Ministerio de Salud de todo el país”.

Ante la consulta de este medio a fuentes del Ministerio de Salud si el mensaje de la ministra -en tono un tanto críptico- implicaba una nacionalización del sistema de salud no hubo respuesta. La UAS solicitó que si el Poder Ejecutivo quiere un nuevo sistema, que “lo plantee a la sociedad en forma franca y transparente y que esté dispuesto al debate con la gente”.