El Fondo Monetario Internacional (FMI) avanza en el trámite para volcar US$ 650.000 millones a la economía mundial y aliviar las consecuencias de la pandemia del coronavirus. La propuesta, impulsada por la directora gerente del multilateral, Kristalina Georgieva, obtuvo el apoyo de los principales países integrantes del organismo en marzo y el directorio del organismo evaluará formalmente la propuesta el próximo 25 de junio.

El dinero, sin embargo, no llegaría tan rápido a los países, ya que el proceso debe atravesar algunas instancias más. Una vez que el Directorio Ejecutivo haya dado el visto bueno a la propuesta de Georgieva, la misma deberá someterse a la consideración de la Junta de Gobernadores, cuya decisión para aprobar la asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) requerirá la venia de los países miembros que representen una mayoría de 85% de la totalidad de los votos.

Por eso, el vocero del organismo, Gerry Rice, anticipó que la decisión final podría concretarse recién en agosto. El funcionario también aclaró que la inyección de fondos aumentará las reservas y liquidez de los países sin agregar deuda.

Los DEG funcionan como una moneda propia del FMI y se distribuyen entre los países miembros del organismo según la cuota que cada uno tenga. Como la Argentina tiene un 0,67% de participación, le corresponderían cerca de US$ 4400 millones, a la cotización actual. Una vez que ese dinero llegue al país, probablemente vaya a engrosar las reservas del Banco Central, desde donde el Ejecutivo podrá decidir qué hacer con esos dólares adicionales.

Las posturas con respecto al uso de esos fondos dividen aguas en el Gobierno. Originalmente, se pensó en usar esos dólares para cancelar los vencimientos de este año con el propio FMI, que suman prácticamente el mismo monto que los DEG que llegarán al país. Sin embargo, un grupo de senadores kirchneristas, liderado por Oscar Parrilli, presentó un proyecto para que los fondos se utilicen para financiar medidas destinadas a mitigar las secuelas económicas de la pandemia.

En su informe al Congreso, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se manifestó más proclive a esa última postura y afirmó que al menos una parte del dinero se utilizará para combatir las consecuencias del coronavirus.

“Lo que yo puedo garantizar es que cualquier cosa que se determine va a ser para sostener y promover la actividad y el empleo, esa es la determinación del Presidente y de nuestro espacio político”, indicó, aunque recalcó que la decisión final será de Alberto Fernández.

Para Héctor Torres, economista y ex director del FMI, la decisión de cómo usar los fondos recaerá en el Gobierno, pero consideró que la afirmación de Cafiero no es concluyente. “¿Cuál es la mejor forma de utilizarlos para ‘sostener y promover la actividad y el empleo’? A mí me parece una declaración lo suficientemente vaga como para tener varias respuestas”.

Y concluyó: “Por ejemplo, puede argumentarse que impulsar la estabilidad macroeconómica es indispensable para promover la actividad y el empleo. Eso puede traducirse en usarlas para reforzar las reservas del Banco Central o para saldar pasivos externos del país y evitar caer en un nuevo default que nos aísle del mundo y desestabilice la ya precaria estabilidad de la economía”.