En la pila de páginas con respuestas a las preguntas de legisladores opositores –y como adelanto de lo que sería su presentación ante el Senado-, Santiago Cafiero tuvo a su cargo la tarea de redondear el discurso del Gobierno frente al caso Pfizer y el escaso volumen de vacunas contratadas con el fondo COVAX. Incluyó largos párrafos con letra del ministerio de Salud y aporte del área legal. Pero el objetivo no es técnico sino básicamente político: es un intento apuntado a sacar esos temas del debate, que adjudican a sobrestimadas jugadas opositoras, y a imponer cierto sentido épico y propio sobre las vacunaciones, en la antesala de la campaña. En ese camino, no logra disimular nuevas contradicciones ni las batallas domésticas detrás de algunos episodios.

En buena medida, el Gobierno enfrenta un problema autogenerado. Por supuesto la oposición juega, a veces fuerte y con denuncias como la de Patricia Bullrich que algunos socios lamentan y que tiene destino judicial. También, buscando un lugar que ponga el foco sobre el Gobierno y desvista la calificación de obstruccionista que, con términos más ásperos, apunta a colocarle el oficialismo. Hubo ayer un ejemplo claro: un proyecto para allanar legalmente el camino a un trato con Pfizer para sumar dosis a la pelea contra el coronavirus. Fue unas horas antes de de la convocatoria a todos los laboratorios para que brinden información ante Diputados, formulada por Sergio Massa luego de hablar con el interbloque de Juntos por el Cambio y acordar la movida hacia el interior del oficialismo.

Las lecturas son diferentes aunque coincidan en aceptar de hecho la gravedad política que terminó de adquirir la cuestión de los contratos por las vacunas. La convocatoria a los laboratorios o sus representantes es elocuente. Massa, que había recibido una señal en ese sentido de Mario Negri, abre el foco más allá de Pfizer, lo cual de algún moco podría diluir el asunto que provoca más escozor. Y en la oposición entienden que esto coloca al Gobierno también en la obligación de dar explicaciones. En paralelo, un proyecto de legisladores de JxC, con motor principal del PRO, plantea eliminar el término “negligencia” de la ley vigente para despejar un motivo que el Gobierno alega como traba para negociar con Pfizer. Un modo de exponer si ese es el verdadero obstáculo. Se verá la reacción oficialista.

Pero esa admisión del calibre del problema empuja al Gobierno a tratar de cerrar un discurso que hace agua, en primer lugar porque desviste algunas contradicciones y añade otras. Y en segundo lugar, porque sigue poniendo las responsabilidades exclusivamente fuera de su paño, cruzado por movidas internas sobre los proveedores hasta con sentido de política exterior.

Valen dos de las exposiciones adelantadas por Cafiero. Sostuvo que las razones por las que hasta ahora no pudo ser cerrado un acuerdo con Pfizer fueron sus exigencias sobre el referido punto de la negligencia y el reaseguro de garantías con la empresa. No aludió por supuesto a demandas insólitas de glaciares por vacunas. Pero tampoco a la exigencia de la firma presidencial en el contrato ni a los importes. Estos últimos renglones fueron expuestos o sugeridos por Ginés González García, que calificó como caro y nada conveniente el precio de Pfizer. Habló de 10 dólares la dosis. En rigor, no parece alejado del promedio del valor tomando el conjunto de los contratos firmados por el país: ronda los 7,6 dólares por unidad.

En rigor, parece un disparate el tema de los precios en medio de la tragedia que representa el coronavirus en términos individuales y colectivos, sociales y económicos. Pero también Cafiero se mostró conforme con el criterio “costo-berneficio y oportunidad” para sostener la decisión de acordar con el mecanismo Covax un piso bajo de dosis y no el máximo de hasta el equivalente al 20 por ciento de la población. Dijo además que si se hubiera firmado por esa cifra, habría sido necesario anticipar unos 60 millones de dólares sin garantía de entrega.

Es llamativo esa justificación con sólo considerar lo ocurrido con el conjunto de los contratos firmados por el Gobierno. Fue pagado el 55 por ciento del total de unos 380 millones de dólares. Y al viernes pasado, había sido recibido alrededor del 25 por ciento de la cifra de dosis comprometidas. Si se suman los embarques de esta semana, llegados y anunciados, el numero a ubicaría ahora cerca del 40 por ciento. Se trata de información que circula en medios legislativos en base a fuentes oficiales, en especial de la Tesorería General de la Nación y del ministerio de Salud.

Visto con buenos ojos, lo ocurrido en el arranque de la negociación de contratos pudo haber sido fruto de un exceso de confianza del Presidente en el acuerdo por la producción de AstraZeneca, motor de la desconsideración o incluso destrato de otras opciones, entre ellas Pfizer y Covax. O fue fruto de un fuerte interés en la generación y provisión por parte de esos actores local y mexicano.

Ya en ese momento, agosto del año pasado, desde el kirchnerismo duro se dejaban trascender recelos o cuestionamientos en reserva. No gustaba la señal y la proyección de ese contrato privilegiado por el Gobierno: se lo consideraba de sello “albertista”. Y tampoco conformaba demasiado la condición de socio principal y casi excluyente de Andrés Manuel López Obrador por encima de otros “aliados”. Pero por entonces y a pesar de cierto desgaste de imagen en la mayoría de las encuestas, el Presidente conservaba un considerable capital propio.

Las demoras y el abismo de la falta de vacunas abrieron las puertas a la ofensiva para avanzar en negociaciones urgentes con Rusia. En este caso, quedó expuesta la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner, con asistencia conceptual y práctica de Axel Kicillof. La relación con Vladimir Putin es quizá la expresión más clara de la parcelación de las relaciones y las principales sedes diplomáticas en función de la interna. El otro caso, contemporáneo de las pulseadas para lograr vacunas, es China.

Según se advierte y señalan conocedores de este terreno, esas tensiones podrían tener otras estribaciones domésticas. Nadie asegura que no habrá más ruidos en la competencia por la producción local. Otro capítulo abierto.